El Gobierno de México, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó el decreto que modifica la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), devolviéndole la facultad de construir vivienda de interés social. Con esta reforma, se mantiene la estructura tripartita del organismo, asegurando la participación del gobierno, trabajadores y empleadores en la toma de decisiones.
La reforma, que entrará en vigor el 22 de febrero, establece que las aportaciones patronales a las subcuentas de vivienda “son patrimonio” de los trabajadores y conforman el Fondo Nacional de la Vivienda. En un plazo máximo de 30 días, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, deberá gestionar la constitución de una empresa filial, la cual no será considerada entidad paraestatal y tendrá plena capacidad de gestión. Su objetivo será la construcción de vivienda en el marco del programa prioritario impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la meta de edificar un millón de viviendas.
Esta empresa filial tendrá como principal actividad la construcción de vivienda y su capital accionario será mayoritariamente del Infonavit. Su financiamiento provendrá del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia autorizado para el ejercicio 2024. La compañía contará con un Consejo de Administración liderado por el director general del Instituto, así como con un Comité de Auditoría responsable de la transparencia y rendición de cuentas.
El decreto también incorpora la figura del arrendamiento social, permitiendo que los derechohabientes puedan rentar viviendas administradas o construidas por el Infonavit, con un costo que no supere el 30% de su salario neto. Para regular este nuevo esquema, la Asamblea General y el Consejo de Administración del Infonavit deberán expedir en un plazo de 180 días las reglas bajo las cuales operará este modelo.
Estructura del Infonavit
Los órganos del Instituto, que deberán integrarse dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, son: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, la Dirección General, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y las Comisiones Consultivas Regionales. Los miembros de estos órganos “no recibirán remuneración alguna por el desempeño de su función”, aunque serán responsables de cumplir con sus obligaciones.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la encargada de definir, en un plazo de 15 días, las bases para la selección de las organizaciones nacionales de trabajadores y empleadores que participarán en la designación de los integrantes de la Asamblea General. Este órgano, considerado “la autoridad suprema del Instituto”, contará con 30 miembros, divididos equitativamente entre representantes del Ejecutivo federal, trabajadores y empleadores. Su periodo en el cargo será de seis años, con posibilidad de remoción por la entidad que los designó.
El Consejo de Administración, por su parte, estará conformado por 12 integrantes seleccionados por la Asamblea General, cuatro de cada sector: gobierno, trabajadores y empleadores. Ninguno de los consejeros podrá ser miembro de la Asamblea General, salvo el director general del Instituto, quien formará parte de ambos órganos. Además, “tendrá derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia que no se adopten por unanimidad”.
Supervisión y fiscalización
El decreto establece que la Auditoría Superior de la Federación será la encargada de fiscalizar al Infonavit, asegurando la correcta administración de su patrimonio y el uso de los presupuestos destinados a la construcción y gestión de vivienda. Sin embargo, “las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de las personas trabajadoras son inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna”.
La Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría serán órganos clave en la supervisión interna del Instituto. Ambos se conformarán de manera tripartita y sus integrantes serán designados por la Asamblea General o el Consejo de Administración, según corresponda. En todos los casos, los candidatos deberán cumplir requisitos estrictos, como no haber sido condenados por delitos patrimoniales ni estar inhabilitados para ejercer cargos públicos o comerciales.
Adicionalmente, la reforma otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la facultad de supervisar que las operaciones crediticias del Infonavit se realicen conforme a la normativa y bajo principios financieros adecuados.
Con estos cambios, el gobierno busca fortalecer al Infonavit como un actor clave en la política de vivienda, asegurando la construcción y acceso a hogares dignos para la población trabajadora del país.