El Gobierno de México rechazó las declaraciones de integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) que dictó medidas cautelares al Estado mexicano sobre la supuesta práctica de desaparición forzada.
“El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”, señaló el Gobierno de México, indicó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.
La Segob indicó que México mantiene una cooperación sostenida con el Comité Contra la Desaparición Forzada, en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Aseguró que ha hecho manifiesto su compromiso para combatir este flagelo y ha anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes para estos efectos.
“En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”.
Además, señaló que al concluir el 28 Periodo de Sesiones, el CED indicó que remitiría al Estado Mexicano una solicitud relacionada con la situación de desapariciones en el país, con fundamento en el artículo 34 de la Convención en la materia.
“El Comité enmarca este procedimiento dentro de un proceso de intercambio que mantiene con México desde 2014, por lo que el Estado Mexicano analizará dicha solicitud una vez que sea recibida, para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México”, mencionó.
El CED dictó cautelares al Estado Mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales, así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
Señaló que el Comité está particularmente preocupado por las reiteradas alegaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el Rancho Izaguirre.
“El Comité está preocupado por las alegaciones recibidas según las cuales, los familiares y representantes de las personas desaparecidas referidas en esta nota se enfrentarían a dificultades para acceder a la información sobre los procesos de búsqueda e investigación relacionados con los casos de sus seres queridos, así como participar en los mismos, incluyendo en el marco de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco”, indicó.
“El Comité también está preocupado porque, según las alegaciones recibidas, las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron el hallazgo en el Rancho Izaguirre se enfrentarían a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado parte, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, agregó.
