Por mayoría de votos la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó que sea el tribunal constitucional quien resuelva sobre si el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene o no fuero constitucional.
La decisión se tomó con los votos a favor del ministro Alfredo Gutiérrez y las ministras Margarita Ríos y la ponente Norma Lucía Piña, así como los votos en contra del ministro Juan Luis González y Jorge Mario Pardo.
En sesión pública celebrada este miércoles, los ministros determinaron revocar el acuerdo de 14 de mayo pasado por el cual el ministro Juan Luis González “desechó de plano” la controversia constitucional 50/2021.
Dicha controversia fue promovida por el Congreso de Tamaulipas contra la decisión tomada el 30 de abril pasado por el Congreso de la Unión, erigido en jurado de procedencia, que desaforó al gobernador tamaulipeco.
Según el expediente SI/LXIV/DP/02/2021 los legisladores federales declararon procedente la acción penal contra García Cabeza de Vaca, quien cuenta con orden de captura en su contra por defraudación fiscal.
Ha trascendido que el mandatario local también es investigado por otros delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque la dependencia que encabeza Alejandro Gertz no ha dicho nada al respecto.
Tras declarar la procedencia de la acción penal contra García Cabeza de Vaca, los legisladores federales dieron vista al Congreso de Tamaulipas quien determinó mantener el fuero al gobernador y no presentarlo ante la FGR.
Además, el Congreso de Tamaulipas interpuso la controversia 50/2021 en la que el ministro González Alcántara resolvió que no existía materia pues advirtió una falta de interés legítimo del legislativo local.
El ministro señaló, además, que no había una afectación al Congreso de Tamaulipas que obstaculizara el ejercicio de su ámbito competencial, tan es así que decidió no homologar la declaración de procedencia emitida por el Congreso de la Unión.
“En estas condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”, dijo.
En contraste, la propuesta de la ministra Norma Piña es que sea la Suprema Corte quien defina si es o no constitucional el desafuero ordenado por la Cámara de Diputados contra el gobernador García Cabeza de Vaca.
“A juicio de esta Primera Sala, la improcedencia de la controversia constitucional no es ni notoria ni manifiesta”, dijo la ministra en su proyecto aprobado este miércoles, con relación a lo planteado por el ministro González Alcántara.
“Para resolver esta cuestión es necesario realizar consideraciones interpretativas de cierta envergadura, que deben acometer por el órgano colegiado”, agrega el proyecto avalado.
Aún no se determina si será en Salas o en el Pleno donde se resuelva el caso y muchos menos cuando.
