El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la elección de jueces y magistrados a través de voto popular, pero deja viva la elección de ministros por el mismo método.
González Alcántara Carrancá presentó su proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas que presentaron los partidos políticos nacionales PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, en el que también propone que se invalide la figura de jueces sin rostro, así como el método de selección de candidatos a juzgadores federales.
“De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático. No existe certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas.
“No existe certeza para los candidatos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los espacios públicos ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña. No existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado.
“En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, detalla el proyecto.
🚨#ÚltimaHora #LaCorte publica el proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, relacionado con los expedientes vinculados a la denominada #ReformaJudicial del 15 de septiembre de 2024.
— Suprema Corte (@SCJN) October 28, 2024
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¿QUÉ SON LOS JUECES SIN ROSTRO?
Los jueces sin rostro son parte de un sistema de justicia también conocido como tribunal sin rostro, el cual busca juzgar determinados delitos que podrían poner en peligro la seguridad y vida de los juzgadores.
Entre los casos más comunes en los que se aplica esta figura destacan los delitos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo; por lo que con esto se busca que los jueces se mantengan en el anonimato, es decir, sin que se conozca su identidad.
Su origen se remonta a Italia, donde las mafias locales y los grupos criminales obligaron a los juzgadores a mantener privada su identidad.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esta figura legal también ha sido aplicada en países como Colombia, para juzgar a los grandes capos y organizaciones de narcotráfico, sobre todo en los años 90; y en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-1992), cuando hubo un incremento de organizaciones terroristas.
En épocas más recientes, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, aprobó este sistema en 2019 en varios estados de Brasil como: Pará, Mato Grosso, Bahía, Roraima, Santa Catarina y Alagoas, donde se vivía una guerra contra el narcotráfico y las milicias.
Por otra parte, los jueces sin rostro tienen la característica de que surgen bajo la imposibilidad de un país para garantizar la seguridad de los trabajadores del Poder Judicial, situación que pone en duda al gobierno de México.
Además de que esta figura legal es un esquema normalmente visto en políticas de extrema derecha y en estados de excepción, estructuras que irían en contra de la actual administración del país.