Porque la nueva política energética establece lineamientos específicos para el uso de energías renovables
El presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso dos recurso jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la suspensión dictada por este organismo a todas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía (Sener) en mayo pasado.
A través del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el presidente presentó dos recursos de reclamación para revertir la suspensión de la política que, entre otras cosas, limita el uso de energías renovables y privilegia el uso de las centrales propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hace unas semanas, el ministro Luis María Aguilar concedió dos suspensiones a la política a petición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Tamaulipas.
Las reclamaciones del poder ejecutivo ya fueron admitidas por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con información contenida en documentos del organismo.
¿QUÉ PUBLICÓ LA SENER?
El 16 de mayo, la Sener publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ‘Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional’, que contiene una serie de medidas que impactarán el crecimiento y operación de las centrales de energía renovables.
La dependencia dirigida por Rocío Nahle publicó la serie de medidas horas después de que el documento fue puesto a disposición en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y de que la Sener pidiera al organismo que la medida fuera exenta de presentar la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), proceso mediante el cual debía demostrar las consecuencias que tendrían las nuevas reglas en el sector.
César Hernández, quien fungía como titular de la Conamer, anunció su salida del organismo.
La política diseñada por la Sener impone una serie de pruebas y limitaciones a nuevas centrales de generación de energía vía métodos renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión.
