El ministro presidente de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo este lunes que, en el caso del juez que frenó la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al otorgar amparos a dos empresas, de haber elementos se abrirá una investigación.
En una carta, el ministro presidente respondió a la misiva enviada por el Ejecutivo. Zaldívar dijo que la queja del presidente será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal.
Carta del Ministro Presidente @ArturoZaldivarL en respuesta a la misiva enviada hoy en la mañana por el Presidente de la República @lopezobrador_ pic.twitter.com/VpKFlB0Y7T
— CJF (@CJF_Mx) March 15, 2021
"De existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen", escribió.
Agregó que "es presupuesto de la democracia y el Estado de Derecho que jueces y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia".
Y dijO que el Consejo de la Judicatura Federal deberá asimismo velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas jugadoras se conduzcan con apego a la ley, con un vestida, honorabilidad y total imparcialidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este lunes que envió una carta la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, por el caso del juez que frenó la reforma eléctrica.
"Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales", dice el mandatario federal en la misiva al también presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
López Obrador solicitó a Zaldívar que se lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este asunto, en el que se le concedió amparo empresas eléctricas. Y acusó que al ministro en retiro José Ramón Cossío y a Claudio X. González, abogado y cofundador de varias asociaciones civiles, de estar detrás de dicho amparo.
"De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", expresa el presidente.
La nueva ley que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas se enfrentó a su primer obstáculo judicial importante dos días después de su ratificación, cuando un tribunal otorgó una suspensión provisional a dos empresas.
En la decisión, que fue entregada a Eoliatec del Pacifico y otra compañía no identificada, el tribunal federal de distrito dijo que la suspensión debería aplicarse en todo el país. Eoliatec del Pacífico es una asociación de parques eólicos entre divisiones de Electricite de France y la japonesa Mitsui & Co.
El fallo es un revés importante para el presidente, que ha tratado de proteger a la CFE de la competencia privada. La ley determina qué productores tienen prioridad en la distribución de energía, comenzando por las centrales hidroeléctricas estatales y otras instalaciones gubernamentales. Solo entonces se permitirá a los parques solares y eólicos privados suministrar energía a la red.
La decisión es solo temporal mientras el caso continúa en la corte de distrito. Un portavoz de CFE declinó comentar sobre la decisión y la oficina de prensa del presidente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Esta no es la primera vez que López Obrador encuentra resistencia. A principios de este año, la Corte Suprema de México anuló las medidas introducidas por la Secretaría de Energía de la nación para proteger la generación estatal de electricidad, que ya había sido suspendida en tribunales inferiores.
