Al entregar este viernes a la Cámara de Diputados el segundo paquete de informes individuales de las auditorías de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que se detectaron irregularidades y opacidad en los gastos de los gobiernos de los estados y municipios por un monto de 25 mil millones de pesos.
“Como resultado de estas auditorías se determinó un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos a las entidades fiscalizadas, de los cuales se recuperaron 738 millones, es decir, las entidades fiscalizadas reintegraron esos recursos. Los 25 mil 10 millones restantes fueron montos que son susceptibles de aclararse por las entidades fiscalizadas”, informó a los legisladores federales el auditor David Colmenares Páramo.
Detalló que “del monto total observado (25 mil 748 millones de pesos), 14 mil 47 millones de pesos, el 54.6 por ciento, correspondió a falta de documentación comprobatoria; el 8 por ciento a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5 por ciento a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos y sin ser reintegrados a la TESOFE y el 4.9 por ciento a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. El 26 por ciento restante correspondió a otros conceptos”.
También reportó que “en lo referente a la auditoría al Fondo de Gastos Catastróficos, es de mencionarse que el Insabi tiene pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 324 millones de pesos correspondientes a 12 mil 726 intervenciones”.
En el informe ejecutivo explicó que debido a las circunstancias generadas por la pandemia del Covid-19, la ASF realizó modificaciones y ampliaciones a las auditorías a temas de relevancia, como obras públicas, programas sociales y de salud, que aún están pendientes de concluir para el tercer informe de febrero próximo, en 2021.
Se aclara que “para reforzar esa confianza y responder a quienes han puesto en nuestras manos la vigilancia del patrimonio público, además de las labores de fiscalización superior, hemos continuado los esfuerzos preventivos a través de las denominadas auditorías adelantadas. Este tipo de revisiones se han instrumentado en proyectos de particular relevancia para el Estado Mexicano, como lo son la construcción de la refinería de Dos Bocas y del Aeropuerto de Santa Lucía, que nos han permitido adelantar el flujo de información necesaria para la labor auditora, en la Cuenta Pública correspondiente”.
Indicó que del 15 de marzo de 2018 a la fecha, “hemos presentado 117 denuncias penales correspondientes a las Cuentas Públicas 2014 a 2018. No obstante, no debemos perder de vista que el proceso de presentación de denuncias penales es dinámico, y la ley establece que éstas deben presentarse únicamente cuando se cuente puntualmente con los elementos legales respectivos”.
En el caso de las denuncias ciudadanas -las cuales pueden ser presentadas por cualquier persona en relación con presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, con el propósito de que la ASF valore la pertinencia de practicar alguna auditoría sobre el ejercicio fiscal en curso o anteriores- en 2020 se recibieron 32 denuncias de este tipo; 11 por parte de diputados federales, 6 de las cuales fueron remitidas por integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, y 21 por parte de ciudadanos.
Por lo que corresponde a los fincamientos de responsabilidad resarcitoria -los cuales se inician una vez que se determina que los pliegos de observaciones no fueron solventados, previa comparecencia de los servidores públicos y particulares presuntamente responsables de haber causado un daño a la Hacienda Pública Federal- informó que se han iniciado más de 4 mil 900 procedimientos que involucran alrededor de 14 mil presuntos responsables.
A la fecha, se tienen resoluciones firmes definitivas, es decir, que ya no admiten impugnación jurídica, respecto a más de mil 300 responsables.
Tan solo en este año se han ganado en esas instancias asuntos por un monto de alrededor de 5 mil millones de pesos, que si bien todavía pudieran admitir alguna impugnación, se está avanzando para ratificar su definitividad, señala el informe.
