La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer detalles sobre la investigación que se inició en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, acusados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe recordar que desde el 10 de septiembre del 2021 se liberaron órdenes de aprehensión en su contra, aunque fue hasta este 20 de enero que la fiscalía lo confirmó.
Como parte de las indagatorias, la FGR determinó que “la organización principal” estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.
Hasta el momento, de las siete personas señaladas como parte de la organización, tres ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal y para quienes huyeron del país, se obtuvo la ficha roja de Interpol, por lo que se está a la espera de obtener la colaboración internacional.
#FGRInforma: En 2019 inició carpeta de investigación contra Víctor “A”, Inés “G”, Edgardo “V”, Rosario “A”, Margarita “C", Ricardo “P”, Mauricio “R”, por posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.1/2 https://t.co/fSOcTBP1gi pic.twitter.com/kfPwzrrHWm
— FGR México (@FGRMexico) January 21, 2022
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¿CÓMO OPERABAN?
En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de siete personas y siete empresas por su participación en delincuencia organizada.
Los señalados son: Víctor Manuel Álvarez, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P” y Mauricio “R”.
De acuerdo con la Fiscalía, todas estas personas, físicas y morales, se habrían coludido para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, para dificultar el rastreo de recursos.
Para lograrlo, “celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.
La organización principal estaría a cargo del empresario Álvarez Puga y la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, quienes operaban representantes de personas morales.
CÉLULAS DELICTIVAS
Según los avances de la FGR, existían dos grupos más: el primero estaba formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
El siguiente estaba integrado por servidores públicos que facilitaban los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. En esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Ambas células trabajaban juntas para concretar los delitos.
De acuerdo con la FGR, en el caso de una de las empresas que intervino, representada por Héctor “Z”, recibió más de 2 mil 500 millones de pesos.
También se celebraron dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
Actualmente de las siete órdenes de aprehensión, tres ya se encuentran recluidos. Sobre quienes huyeron del país y entre quienes se presume que están Álvarez Puga y Gómez Mont, se obtuvo ficha roja para su localización internacional.
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