La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pidió a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) para que ejerza su facultad y resuelva los juicios de amparo que impide que los 15 mil millones de pesos de 13 fideicomisos del Poder Judicial se utilicen para los damnificados de Acapulco, Guerrero.
En un comunicado, la Consejería resaltó que los jueces están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo, pues fueron promovidos por ellos mismos.
"La SCJN debe atraer y resolver de forma prioritaria los asuntos de referencia, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF, lo cual se contrapone con el interés público de la sociedad para utilizar los recursos públicos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez",detallan.
Además, resaltaron que el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó la suspensión definitiva del decreto de 27 de octubre de 2023 con efectos para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluido él, con lo que impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de los recursos de sus fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco.
Resaltaron que fue una disposición que la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 el pasado 9 de noviembre.
Además, recordaron que el pasado 31 de octubre, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, públicamente señaló que “la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población.
Por ello y al tratarse de un asunto inédito, de orden público,interés social y trascendencia nacional, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está solicitando a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo.
Para finalizar, la Consejería enfatizó que tiene confianza en que algunos ministros harán honor a su cargo y actuarán con imparcialidad.
#ComunicadoPresidencia
— Gobierno de México (@GobiernoMX) November 10, 2023
Jueces y magistrados del PJF se niegan a devolver recursos públicos para reconstruir Acapulco.
Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/UGbl2KsO0u pic.twitter.com/AaJmJdVuEI
