Este sexenio que termina fue muy diferente: para impulsar sus proyectos, programas o cambios legislativos, los morenistas y sus aliados, que mantienen el poder a nivel federal, se ha respaldado en instrumentos que den espacio a la 'voz popular'.
Con el argumento de tomar en cuenta a las y los mexicanos, desde el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador las grandes obras o cambios a la Constitución, así como la cancelación de proyectos, han pasado por 'votaciones' ciudadanas, algunas bastante cuestionadas, pues en su mayoría han sido directamente organizadas por el gobierno federal o Morena.
A continuación te contamos algunos casos:
EL DILEMA DEL AEROPUERTO
Del 25 al 28 en octubre de 2018, académicos y la Fundación Arturo Rosenblueth –costeado por legisladores de Morena–, realizaron una consulta para saber si se continuaba con las obras del aeropuerto en Texcoco, el cual comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto, o se optaba por una terminal aérea en las instalaciones de la base aérea militar de Santa Lucía.
En este ejercicio participaron un millón 67 mil 859 personas, de las cuales 747 mil, o sea el 69%, votaron por Santa Lucía, y 310 mil 463, el 29%, por la obra de Texcoco.
Al final, ya en el gobierno de AMLO, esta consulta derivó en la cancelación delNuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la creación del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).
LOS 10 PROGRAMAS PRIORITARIOS
Previo a tomar formalmente el cargo, aún como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a finales de 2018 a una Consulta Nacional Ciudadana, para conocer la opinión de los ciudadanos sobre obras de infraestructura y programas sociales, propuestos por el entonces próximo gobierno federal.
Los mexicanos fueron consultados sobre las obras de infraestructura prioritarias, entre las que se incluyó el Tren Maya, el tren interoceánico entre Salina Cruz y sobre los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de nivel medio superior.
LA GUARDIA NACIONAL
La creación de la Guardia Nacional, que fue cuestionada por la oposición bajo el argumento de evitar la militarización del país, mostró cómo la 4T puede recurrir a otros mecanismos, en este caso, el Parlamento Abierto.
Fue en febrero de 2019 cuando, con el propósito de "enriquecer la reforma en materia de Guardia Nacional y tener una retroalimentación con los sectores interesados y la sociedad civil", el Senado de la República arrancó una serie de Audiencias Públicas.
En medio de la discusión legislativa, que derivó en la creación de este cuerpo de seguridad, se convocó a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos especializados y a la ciudadanía en general a participar en el proceso de análisis y discusión de la minuta.
EL TREN MAYA
De forma específica, el 14 y 15 de diciembre de 2019, la Secretaria de Gobernación (Segob) organizó una consulta para preguntarle a la población de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán si estaban de acuerdo con la construcción del Tren Maya.
Según se informó, participó 70% de la la población convocada, de la cual 92.3% votó por el “sí”.
Lo que algunos cuestionaron fue que sólo acudió a votar el un 3% la población inscrita en el padrón electoral de los municipios donde se instalaron 268 mesas de la consulta.
EL INTEROCEÁNICO
Algo similar ocurrió con otro megaproyecto: En marzo de 2019, el gobierno de AMLO impulsó una consulta en Oaxaca y Veracruz para la obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Pese a que la obra afectaría a ambos estados, participaron sólo 2 mil 734 personas.
TRAS LOS EXPRESIDENTES
En agosto de 2021 la dinámica cambió y, por fin, el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo a cargo de uno de estos mecanismos impulsados por Morena: se trata de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.
"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, se preguntó.
Los resultaron generaron muchos cuestionamientos, pues el instituto informó que se emitieron 6.6 millones de votos, lo cual significó 7.11% de participación con respecto a los integrantes de la Lista Nominal del Padrón Electoral. De los votantes el 97.72% eligió el “sí”.
No obstante, ese 97.72% no bastó, ya que no se alcanzó 40% de participación necesario para que el resultado se vuelva vinculante.
EL PODER JUDICIAL
El 5 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma, de corte constitucional, que podría cambiar el rumbo del Poder Judicial.
Él externó que el objetivo es depurarlo de la corrupción y opulencia, pero su propuesta fue controversial, pues incluye, entre otros grandes cambios, que se modifique la manera en que los magistrados, jueces y ministros lleguen al poder, para que sea mediante el voto popular.
La propuesta fue avalada por la mayoría absoluta de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, pero al no contar con mayoría calificada (de dos terceras partes), la iniciativa se quedó temporalmente en el congelador, junto con otras más.
Ante ello, AMLO llamó a votar "todo Morena" y en las elecciones de junio pasado, la autoproclamada Cuarta Transformación lo logró y para septiembre tendrá más de dos terceras partes en el Senado y Cámara de Diputados.
Aunque fue una buena noticia para los morenistas, al exterior este cambio generó incertidumbre y, ante ello, fue la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien respaldó la reforma, pero prometió que ante Morena realzaría una encuesta ciudadana, de la cual ya hay resultados y además convocó junto con legisladores de su afinidad, a un Parlamento Abierto que arranca esta semana.
