La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, abordó los principales desafíos en la implementación del Acuerdo de Escazú, firmado en 1992, que promueve la justicia y la defensa de los derechos ambientales en América Latina, durante su estadía en Cali, Colombia cuando participó en la 16ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP16).
La funcionaria subrayó la importancia de la prevención en la protección de los defensores ambientales y alertó sobre la creciente amenaza del crimen organizado en el manejo ilegal de recursos naturales, como la tala ilegal. Ante esto, señaló la necesidad de contar con mecanismos que garanticen la seguridad y derechos de las comunidades que suelen ser afectadas por actividades industriales, denominadas “zonas de sacrificio”.
Bárcena señaló que el acuerdo implica un cambio de enfoque hacia un desarrollo más equitativo y sostenible, enfrentando los modelos extractivistas y sectores que se oponen a la implementación.
También destacó que México busca avanzar hacia una "política ecológica y ambiental humanista", en la que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) evolucione en una institución orientada a la justicia ambiental. Para ello, México planea involucrar a la Guardia Nacional, la Marina y otras fuerzas de seguridad para proteger a las comunidades en riesgo y a los vigilantes ambientales.
Finalmente, Bárcena mencionó el compromiso del país en el saneamiento de las cuencas de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, estas últimas identificadas como áreas vulnerables en México, para reducir los índices de contaminación y mejorar la salud ambiental del país.
