Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzaron las investigaciones a políticos y empresas de administraciones pasadas involucradas en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito; sin embargo, las polémicas continúan a unos meses de que el tabasqueño termine el cargo como presidente.
En Nación321 te contamos las indagatorias más conocidas y que han causado más polémica.
PRESUNTA INVESTIGACIÓN A LORET DE MOLA Y LATINUS
Durante la mañanera de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que el organismo a su cargo no tiene ninguna investigación o denuncia en curso contra el periodista Carlos Loret de Mola; sin embargo, sí se investiga desde hace años al consorcio Latinus, donde el comunicador es colaborador.
La investigación de la UIF data desde el 20 del mayo del 2021 por presuntas actividades de lavado de dinero y corrupción.
Lo anterior se deriva de que Latinus, cuyo dueño es Christian González Guadarrama, está integrado por cinco empresas.
Tres de las cinco empresas se dedican al ramo de los medios de comunicación y las otras dos "todos sus ingresos provienen de entidades públicas, que reciben a cambio productos farmacéuticos y servicios de salud", dijo Gómez Álvarez.
Sin embrago, la UIF detectó una serie de movimientos irregulares, que básicamente tienen que ver con que, mediante subcontrataciones, las dos empresas estarían triangulando recursos públicos, así como enviándolos a paraísos fiscales.
Además, en sus declaraciones, las empresas no incluyen el ingreso de dinero público.
CÁRTEL INMOBILIARIO DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
El llamado 'Cártel Inmobiliario' es el nombre que utilizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los casos de corrupción que envuelven a empresas del sector inmobiliario respecto a entrega ilícita de permisos y de facilidades para la construcción de viviendas y oficinas, principalmente en la alcaldía Benito Juárez, la cual es gobernada por el PAN de forma ininterrumpida desde el 2000.
De acuerdo con las investigaciones del Gobierno de la CDMX, el modus operandi consistía en el intercambio de favores entre los funcionarios de la demarcación y las empresas constructoras, que al entregar dinero o inmuebles a los funcionarios, recibían permisos de construcción extrajudiciales y podían realizar edificaciones y ampliaciones de estas fuera del marco de la ley y los parámetros de construcción que se establecen.
Las indagatorias señalan que lo anterior se realizó por medio de presuntas empresas fantasmas y extorsiones, siendo señalados principalmente los exdelegados Mario Palacios, Jorge Romero y Christian Von Roehrich, este último incluso pasó a ser prófugo de la justicia, por lo que se emitió una alerta roja en todos los países miembros de la Interpol para poder detener al acusado.
Finalmente Von Roehrich fue arrestado en Tamaulipas tras un intento de fuga hacia los Estados Unidos.
FEMEXFUT
En diciembre de 2022, luego de la presentación del reportaje ‘El cártel del gol’ durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el Gobierno Federal, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunciaron diversas acciones sobre corrupción y lavado de dinero.
Esto, tras la difusión del reportaje llamado "El cártel del gol", realizado por el periodista Amir Ibrahim, en el que dio a conocer la investigación que comenzó en 2019 sobre la supuesta red corrupción en el futbol mexicano en la compra-venta de jugadores a sobreprecio.
En el trabajo periodístico también quedó al descubierto la participación de varios técnicos reconocidos en México, como Miguel Herrera y Francisco Palencia, en presuntos actos de corrupción que no se investigaron ni se les dio seguimiento.
El entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, destacó que desde el 2019 se firmó un convenio entre la UIF con la FMF, para impedir el lavado de dinero, además de otros programas para garantizar la seguridad en los estadios.
Esto último fue un punto prioritario a partir de los hechos de violencia registrados en el Estadio Corregidora en marzo de ese año.
En tanto, AMLO aclaró que no hay investigaciones penales por presunta evasión fiscal en contra de clubes de Liga MX, luego de que varios de ellos recibieron condonación de impuestos durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
LA 'RED' DE GENARO GARCÍA LUNA
La UIF también se encargó de una investigación sobre la supuesta "red" de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien se encuentra preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En esta indagatoria el gobierno de AMLO indicó que durante el tiempo en que García Luna ejerció su cargo, y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.
"Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones", detalla la UIF.
Indicó que estos recursos fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en el estado de Florida, en Estados Unidos.
La UIF identificó esta red e intrpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 24 de diciembre de 2019, luego del arresto de García Luna en el Aeropuerto de Dallas.
El 21 de septiembre de 2021 Gobierno de México presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, para la recuperación del dinero que fue adquirido con los recursos extraídos del erario y ubicados en Florida.
LOS 'MOCHES' PARA APROBAR LAS REFORMAS DE PEÑA NIETO
Tras su detención extradición de España a México, en 2020, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó al Gobierno Federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del Pacto por México en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En su declaraciones, Lozoya reveló que Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezaban directamente la estrategia.
Según lo dicho por Emilio Lozoya, Luis Videgaray le solicitó enviar 6.8 millones de pesos al entonces diputado panista, Ricardo Anaya, quien era presidente de la Cámara de Diputados cuando se discutió la reforma energética del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.
Ese dinero habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona cuya identidad no ha sido precisada, aunque hizo saber que existen dos números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega.
Según esta versión, por medio de terceros, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014 Lozoya envió a legisladores panistas 52 millones 380 mil pesos.
Otros nombres que se mencionaron en las declaraciones de Lozoya fueron los entonces senadores Ernesto Cordero, excoordinador de la bancada del PAN; Salvador Vega; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
También se mencionó el senador José Luis Lavalle Maury, quién fue presidente de la Comisión de Administración del Senado, a su secretario técnico Rafael Caraveo, lo implica en la recepción del dinero.
Por esta razón, el gobierno de López Obrador inició una fuerte investigación en la que mandó llamar a los involucrados y de la que solamente se derivó la detención de Lavalle Maury, quien estaba preso en el Reclusorio Norte.
Mientras que Ricardo Anaya decidió exiliarse en Estados Unidos, pues la FGR le giró una orden de aprehensión por actos de corrupción relacionados con las reformas y el caso Odebrecht.
