Norma Lucía Piña Hernández fue elegida este 2 de enero como la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en tres rondas de votación.
Su victoria se considera por algunos como una derrota del presidente Andrés Manuel López Obrador pues en varias ocasiones la ministra se ha posicionado en contra de las iniciativas propuestas o convenientes para el Ejecutivo.
En 2021, Piña se opuso a la llamada Ley Zaldívar, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que buscaba ampliar por dos años más el periodo de Arturo Zaldívar como presidente del máximo tribunal.
En marzo del año pasado propuso declarar inválido el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por AMLO. El artículo señalaba que los servidores públicos de mando superior no podrían ocupar puestos dentro de la iniciativa privada que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo, hasta que pasen al menos 10 años. Ello, para evitar conflictos de interés. Su proyecto fue aprobado en abril.
Ese mismo mes, promovió la acción de inconstitucionalidad 82/2021 que proponía invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), un registro que permitía recabar información sensible de usuarios de telefonía e internet móviles con el fin de combatir delitos. La Suprema Corte aprobó el recurso argumentando una injerencia a la privacidad de las personas.
También votó en contra de validar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE), uno de los cambios constitucionales más relevantes del gobierno de López Obrador que otorgó el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En septiembre, presentó el amparo en revisión 355/2021, que buscaba invalidar la prisión preventiva oficiosa promovida por el gobierno que consistía en aplicar la medida cautelar de manera automática. Sin embargo, su proyecto fue retirado el 8 de septiembre.
