La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará la discusión sobre la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en México. Este tema, incluso, ha generado importantes divisiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, por considerar que la erradicación de la figura podría derivar en impunidad.
Capos y otros personajes públicos están entre los procesados más relevantes sujetos a prisión preventiva oficiosa que podrían ser beneficiados si la Corte elimina su obligatoriedad durante la discusión del 5 de septiembre.
Estos son algunos de los casos más conocidos en el país.
Se trata de una medida cautelar impuesta al imputado por un juez de Control que consiste en la privación temporal de la libertad y aunque esta medida cautelar debe ser excepcional, procede oficiosamente cuando se trata de delitos muy específicos y graves. Tal es el caso de:
Es considerado como uno de los mayores generadores de violencia en Colima, fue detenido el 18 de agosto por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Ciudad de México.
El presunto líder del Cártel Independiente y ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha estado en prisión seis veces, las mismas que ha salido en libertad a pesar de contar con una sentencia de 34 años por el delito de homicidio calificado.
En este sentido, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, consideró que sin la prisión preventiva oficiosa este criminal estaría de nueva cuenta en libertad.
“Lo detuvieron en flagrancia y fue puesto a disposición del juez de control en el reclusorio federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, se le encontraron diversas drogas y armas al momento de su detención. Informar que en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal”, manifestó el subsecretario.
Actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, después de que se le dictó auto de formal prisión por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
“Afortunadamente se cuenta con dos órdenes de aprehensión de los estados de Colima y Tamaulipas mismas que se cumplimentarán para evitar que este individuo de alta peligrosidad pueda evadir la acción de la justicia”, señaló el funcionario.
Otro de los casos más polémicos en el país es el de Israel Vallarta, quien lleva 17 años en prisión preventiva. Se encuentra detenido desde 2005, luego del montaje televisivo en el que fue aprehendido junto a la francesa Florence Cassez; sin embargo, desde aquel entonces no ha recibido sentencia condenatoria en su contra por los delito de secuestro y delincuencia organizada.
A diferencia de su caso, la ciudadana francesa había sido condenada a más de 90 años de cárcel y tras una polémica internacional por la violación a sus derechos humanos, salió libre hace 9 años.
Según lo dado a conocer por el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Israel Vallarta ya no está acusado por el caso Cassez debido a que fue víctima de actos de tortura por parte del gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, se mantienen abiertos otros procesos por tres presuntos secuestros en los que estaría relacionado, pero tampoco ha recibido sentencia, por lo que continúa bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Al respecto, AMLO ha dicho que se hará una revisión de su caso, pues aunque los abogados de Vallarta han promovido recursos, no han logrado que salga de prisión.
Miguel Treviño Morales, “El Z-40”, el líder máximo de los Zetas, tiene siete procesos en curso y dos juicios de extradición hacia Estados Unidos; sin embargo, se encuentra preso bajo la medida de prisión preventiva oficiosa y solo ha recibido sentencia por uno de los casos.
En julio de 2013 fue detenido en un camino de terracería a 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Actualmente está preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15 “CPS Chiapas” y previamente estuvo en el penal de Puente Grande, en Tierra Caliente, Michoacán.
Hasta el momento, el narcotraficante solo ha sido sentenciado por delincuencia organizada, al atribuírsele que desde el año 2006 al 2008 fue líder del Cártel de los Zetas, con sede en Nuevo Laredo.
El abogado Jesús Hernández Alcocer está preso por el presunto homicidio de su esposa la cantante Yrma Lydya, en el restaurante Suntory, en la Ciudad de México.
Un juez determinó vincular a proceso a Hernández Alcocer, por lo que se quedó en el Reclusorio Norte, pero el impartidor de justicia otorgó cuatro meses para el cierre de investigación. En la misma situación se encuentra Benjamín ‘N’, chofer y escolta del abogado y quien presuntamente le ayudó en su intento de huir del lugar.
Hasta el momento no se ha llevado a cabo la audiencia en la que se definirá su situación jurídica, pues su periodo de espera culmina hasta octubre de 2022.
En septiembre de 2020, el "abogado de la clase política" Juan Collado fue vinculado a proceso por fraude fiscal por 36 millones de pesos, y peculado, por 13.7 millones en perjuicio del gobierno de Chihuahua.
Desde entonces se mantiene en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, mientras se define su situación jurídica por otros delitos
Collado fue el defensor del expresidente Enrique Peña Nieto, del líder Sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, y cercano al expresidente Carlos Salinas. Hasta el momento sigue preso sin recibir sentencia.
El abogado busca obtener de la FGR un criterio de oportunidad, es decir, aportar información valiosa para que la autoridad pueda investigar una posible red de tráfico de influencias.
