A 14 días de la desaparición del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor como conocido como “El Mijis”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, se encuentra coordinando las acciones para la búsqueda del activista, quien también ha trabajado de la mano de familias buscadoras.
El Mijis no es el único caso. México también se ha convertido en un país de desaparecidos.
De acuerdo con datos oficiales, a finales del 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reveló que del 5 de enero de 1964 al 29 de julio de 2021 han desaparecido 221 mil 820 personas; de las cuales, 131 mil 786 fueron localizadas (123 mil 067 estaban con vida y 8 mil 719 habían fallecido).
Sin embargo, en el país hay activamente 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas. De 2006 a la fecha más de 80 mil de esas personas no han vuelto a casa.
Según la CNB, una persona 'No Localizada' es alguien de quien se desconoce su ubicación; mientras que una 'Persona Desaparecida' es aquella de quien sus familiares desconocen su paradero y se presume que su ausencia se relaciona con la comisión de algún delito. De esta manera, en México hay 81 mil 617 personas desaparecidas y 8 mil 417 que no han sido localizadas.
LAS CIFRAS
Datos del más reciente informe sobre desaparecidos en México, la cantidad de personas de las que se desconoce su paradero comenzó a aumentar a partir del 2006, año en el que el expresidente, Felipe Calderón, declaró la “guerra contra el narcotráfico”.
En julio del 2021, el Gobierno de México informó que había 73 mil 201 personas sin localizar desde 1964; es decir, 16 mil 833 menos que ahora; sin embargo, este dato no necesariamente quiere decir que haya desaparecido esa cantidad de personas de julio a enero de 2022, sino que se han sumado al registro a personas que hasta ahora no habían sido incluidas.
Asimismo, en la última década, en México se ha reportado la no localización de 3 mil 241 mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años como promedio anual, es decir, nueve cada día.
EL PAÍS DE LAS FOSAS CLANDESTINAS
En octubre del año pasado, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dio a conocer que del 2006 hasta el 17 de septiembre del 2021, en el país se habían encontrado 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 cuerpos.
Asimismo, reveló que en lo que va de la administración de López Obrador contabiliza mil 971 entierros ilegales, con 3 mil 259 cuerpos exhumados. El 40% de estos fueron identificados.
Los estados que concentran el número de mayor de fosas clandestinas son:
Mientras que las entidades federativas en las que fueron exhumados más cuerpos son
Asimismo, los tres estados que recuperaron un mayor número de cuerpos por fosa fueron:
Desde 2018 hasta septiembre del 2021, Yucatán, Quintana Roo y Campeche no reportaron hallazgos adicionales de fosas clandestinas; en contraste, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Veracruz contaron más de 100 nuevas fosas.
Por ello, en junio de 2019, Alejandro Encinas reconoció que el país vivía una crisis forense.
“Si bien a nivel nacional existen 217 laboratorios y 263 anfiteatros, la mayoría de las entidades federativas cuenta apenas con una capacidad para identificar solo el 20% de los cuerpos que reciben, al tiempo que las instalaciones para almacenar cuerpos tienen una sobreocupación al menos del 40%”.
LAS MADRES BUSCADORAS
En México existen alrededor de 70 colectivos de buscadoras y rastreadoras dedicadas a perseguir las huellas de sus seres queridos a lo largo de todo el país, por su labor, muchas personas han sido amenazadas y desplazadas de sus lugares de origen pues gran parte de las desapariciones estarían ligadas al crimen organizado.
Tan solo en enero de 2022, Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió a los cárteles del narcotráfico que les permitieran continuar con su búsqueda.
“Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, dijo.
En su mensaje, señaló que el gobierno de López Obrador no está a la altura de las circunstancias del país y ante el silencio y la falta de apoyo, colectivas de buscadoras recrearon fosas clandestinas en el Zócalo de la CDMX para exigir atención de las autoridades.
Aunque el presidente se ha comprometido a darles acompañamiento y protección, las buscadoras han asegurado que continúa la indiferencia, por lo que han pedido a los grupos delictivos que les permitan continuar hasta dar con sus hijos.
¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO DE AMLO?
Desde que llegó a la presidencia, AMLO enfatizó que las desapariciones forman parte de la violencia que se vive en el país; así como la lucha contra el crimen organizado y el nexo que podrían tener las fuerzas de seguridad con grupos delictivos, por lo que su administración ha intentado "reparar estas atrocidades y ayudar a las familias a encontrar respuestas".
A su llegada, relanzó una investigación sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del 2014, y que se convirtió en uno de los casos más emblemáticos en el país.
Según informes oficiales, entre las principales acciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), para la localización de personas están el acompañamiento a los familiares de desaparecidos; así como el apoyo legal para realizar la búsqueda en los distintos estados del país. Además, el apoyo de las autoridades para el reconocimiento de cuerpos y resto encontrados en fosas clandestinas.
En este sentido, Encinas Rodríguez ha señalado que el mayor hallazgo de fosas clandestinas responde a que las autoridades federales han “intensificado las labores de búsqueda en coordinación con los familiares”.Sin embargo, la titular de la Comisión reconoció que en México "existe una crisis de desaparición de personas, una crisis forense".
El gobierno atribuye las desapariciones forzadas a secuestros y asesinatos, pero también al reclutamiento forzado y a la trata, que afecta a menudo a migrantes. La impunidad se refleja también en el hecho de que, según la Comisión, actualmente solo hay 35 sentencias por casos de desapariciones.
