Ahora sí, se puso pesado el tema de la supuesta adopción por un día, del gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez.
Lo anterior debido a que esta mañana, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), informó que había iniciado una investigación en contra de la pareja debido al supuesto “permiso de convivencia familiar”, ya que en el país no existen adopciones temporales.
En un comunicado, el DIF nacional señaló que desde el pasado sábado 15 de enero, mandó un oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León para solicitar toda la información sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana” o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el niño quedara bajo el cuidado del citado matrimonio.
"Se otorgó un plazo de 72 horas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para remitir la información solicitada, por lo que una vez recibida y realizado el análisis respectivo, se determinarán las medidas que resulten procedentes", detalló.
Además, comentó que esta situación es preocupante debido a que, al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad, en las redes sociales de la pareja y el revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta se vulneraron los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales del menor, mismos que están reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria en todo el país.
Por este hecho, el DIF solicitó a la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León para que, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño.
¿EXISTE LA ADOPCIÓN TEMPORAL EN EL PAÍS?
"La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la Niñez. El DIF Nacional reitera su compromiso de aplicar las medidas necesarias para erradicar prácticas irregulares e ilícitas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes", dijo en el documento compartido.
Afirmó que la adopción y todo medio alternativo de cuidado familiar, debe realizarse en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, asegurando en todo momento y como principal fin la integridad de las niñas, niños, o adolescentes involucrados.
Por ello, aclaró, es necesario que toda persona o familia interesada en un proceso de adopción cuente con un certificado de idoneidad, el cual solo puede ser expedido por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas Estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues sin este documento resulta jurídicamente imposible realizar la asignación de una niña, niño o adolescente en adopción.
#ComunicadoSNDIF | En relación con los hechos sucedidos en Nuevo León, el #SNDIF a través de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos #NNA informa:
— SNDIF (@DIF_NMX) January 18, 2022
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Además, precisó que en la legislación vigente en México establece que la adopción es un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que no existen adopciones temporales.
"En caso de que el cuidado alternativo brindado al niño involucrado en el caso hubiese sido un acogimiento familiar, también deben observarse los requisitos y el procedimiento establecido en la ley, como lo es: presentar una solicitud, valorar la idoneidad de las personas solicitantes, determinar la certificación (solo después de esta fase se puede realizar una asignación) y sujetarse a supervisión durante el tiempo que se brinde el acogimiento", se lee en el documento.
Por ello, el DIF dijo que se emprenderá un diálogo con las autoridades competentes del estado de Nuevo León para revisar su normativa en materia de adopción, así como el esquema operativo, con el fin de impedir prácticas que atenten contra la salud emocional y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes que requieren de una adopción.
