En la entrega de la segunda parte de los informes individuales de las auditorías al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la transparencia es “limitada” en la 4T y la información sigue sin fluir, advirtió el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares.
Las anomalías en el ejercicio del gasto del rubro social destaca la opacidad en el Sector Salud, el IMSS, el ISSSTE y señala que en el caso del Instituto de Salud para el Bienestar, el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud presenta “deficiencias” respecto a las reglas de operación y “falta de planeación”.
“A la fecha de la auditoría (agosto de 2020), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con su Estructura Orgánica ni con sus manuales de Organización y Procedimientos”, anota la ASF.
“Las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar se encuentran en proceso de la opinión favorable por parte de la Secretaría de Hacienda y de la autorización del Comité Técnico del FSB, no obstante de que ya concluyó el plazo establecido para su emisión”, precisa.
Expone también, como ejemplo, que “en opinión de la ASF, en 2019, mediante el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud se aplicaron recursos por 10 mil 667 millones 828 mil pesos, de los cuales 5 mil 510 millones 697 mil pesos se otorgaron con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para cubrir el pago”.
“En lo referente a la auditoría al Fondo de Gastos Catastróficos, es de mencionarse que el Insabi tiene pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 324 millones de pesos correspondientes a 12 mil 726 intervenciones”, añade.
La ASF alertó a la Cámara de Diputados que a pesar de que las autoridades sanitarias que declararon a la fiscalización superior como “una actividad esencial para evitar las negativas no justificadas en la entrega de información”, se manifiesta “una limitada capacidad de respuesta de las entidades y dependencias fiscalizadas para atender las solicitudes de información y requerimientos de la Auditoría Superior”.
Lamentó que “derivado de la contingencia por la pandemia de COVID-19 se afectó la operación normal de los tres Poderes de la Unión y de las entidades. La totalidad de los gobiernos de las entidades y la mayoría de los municipios, así como las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y demás órganos federales, publicaron diversos acuerdos por los cuales se suspendieron o siguen suspendidas actividades administrativas, plazos y/o términos relacionados con la naturaleza de las funciones propias de las instancias referidas”.
LOS ESTADOS
En la verificación de los gobiernos de los 32 estados, “se determinó un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos a las entidades fiscalizadas, de los cuales se recuperaron 738 millones de pesos, es decir, las entidades fiscalizadas reintegraron esos recursos. Los 25 mil 010 millones de pesos restantes son susceptibles de aclararse por las entidades fiscalizadas”.
“Del monto total observado, 14 mil millones, el 54.6%, correspondió a falta de documentación comprobatoria; el 8% a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5% a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos y sin ser reintegrados a la Tesofe y el 4.9% a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. El 26.0% restante, a otros conceptos”, expone.
Aunque por la pandemia la ASF realizó modificaciones y ampliaciones a las auditorías a obras públicas y programas sociales –que vendrán en el tercer informe de febrero próximo, en 2021–, en obra pública destacan observaciones en 56 revisiones en obras de la SCT, Capufe, Pemex, Tren Interurbano México Toluca, Tren Eléctrico de Guadalajara, entre otras.
