La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó una sentencia que ordena al titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, para que se abstenga de realizar juicios de valor sobre la probable culpabilidad de Rosario Robles y los delitos que se le imputan.
El director general del Control de Juicio de Amparo de la FGR interpuso el recurso de revisión de la sentencia dictada por Augusto Octavio Mejía, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, el pasado 30 de septiembre, con la que se dio protección a la extitular de las secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social.
Esto se debió a que Gertz Manero violó el derecho de presunción de inocencia de Rosario Robles, con sus declaraciones en el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México (Colmex).
De acuerdo con Milenio, en agosto de 2020, el fiscal detalló que la exfuncionaria permanecía en prisión porque no ha cooperado, como ya lo había hecho Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Es muy sencillo, este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial por unos 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está acudiendo”.
“En el otro caso (el de Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, por favor, por favor, es decir la jerarquía de daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra”, dijo Gertz Manero en aquella ocasión.
Al respecto, la defensa de Robles dijo que ese tipo de declaraciones significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía.
Por ello, el juez determinó que “la abstención de resguardar la información y su filtración a través de su difusión, es violatoria del derecho fundamental de presunción de inocencia”, de tal manera que la exposición pública de la exfuncionaria la hace vulnerable a un “a un juicio paralelo ante la sociedad, y trastoca su derecho a ser tratada como inocente durante el trámite del procedimiento”.
La impugnación será turnada para su estudio a un Tribunal Colegiado, donde se deberá confirmar, modificar o revocar la sentencia.
