Porque queremos evitar más casos como el de Javier Duarte
Ser gobernador en México parece ser el pase directo a la riqueza mal habida. Al menos eso nos hace pensar las decenas de acusaciones de enriquecimiento ilícito que han tenido los exgobernadores en los últimos años.
La corrupción es un tema que preocupa mucho a los mexicanos. Se reconoce como el segundo problema más importante de todos (51%), solo por debajo de la inseguridad (66%), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi. Incluso, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Cámara de Diputados que en la última década el 98% de las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por actos de corrupción han sido desechadas.
Últimamente, el caso más evidente es Javier Duarte, a quien podríamos considerar como el rostro de la corrupción en México al ser señalado por desviar al menos 35 mil millones de pesos durante su mandato en Veracruz. Lamentablemente, no es el único.
¿Qué está pasando en los gobiernos estatales? En entrevista con Nación321, Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California (1989-1995), asegura que las instituciones encargadas de combatir la corrupción en México simplemente no funcionan.
"Hacienda debería estar cotejando los recursos que manda contra los programas de compromiso en donde hay partidas recurrentes entre estado y Federación y ahí se podría dar cuenta que le están desviando los recursos. Y qué casualidad que no se dio cuenta (en el caso de Javier Duarte)"
Ruffo, cuestionado sobre si alguna vez se vio tentado a robar, "aunque sea poquito" (Layín dixit), le causa gracia pero comenta con más seriedad que él veía las cosas con más respeto y preocupación de lo que se hace hoy en día.
"Lo que hice fue transparente precisamente para tener buena imagen en la opinión pública y para no incurrir en ninguna violación legal. Parece que el sentido de la preocupación y el deber legal ya no existe", opina el actual senador panista, quien fue el primer gobernador de oposición en México.
¿GOBERNADOR = CORRUPCIÓN?
Hay que destacar que la corrupción implica redes que si bien son encabezadas por gobernadores, la corrupción no es exclusiva de ellos.
"No es que la figura de gobernador sea sinónimo de corrupción, es que la división de poderes en los estados es débil, los congresos no han servido de contrapeso a los poderes del Ejecutivo estatales y el modelo de financiamiento político ha permitido que se vaya incrustando el crimen organizado", dice en entrevista el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.
"El gobernador es la figura visible de la red de corrupción. Los problemas no se limitan a ellos, tienen que ver con lo débil que son institucionalmente muchos estados"
Bohórquez, especialista reconocido en materia anticorrupción, detalla que los gobiernos estatales tienen, en primera, cada vez más recursos disponibles para gastar. Además, no tienen organismos de fiscalización internos o externos como contralores y auditores que conduzcan con independencia y con fuerza esa tarea. 
En tercer lugar recuerda que los estados transfieren recursos importantes a los municipios y no reparamos en que son económicamente grandes, con presupuestos comparables a países de Centroamérica. Estos factores son puertas abiertas para los gobernadores.
"La corrupción no es asunto exclusivo de los gobernadores, es un riesgo latente a los tres órdenes de gobierno", señala.
El director de Transparencia Mexicana comenta que prácticamente nadie conduce la fiscalización y los contrapesos, ya que los congresos locales prácticamente son dependientes de la figura del gobernador. 
Por ello, Fernanda Gómez, investigadora senior de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, propone que la sociedad civil actúe como contrapeso, sobre todo a nivel local.
"Se deben fortalecer a las organizaciones locales, ya que pueden tener más luz de la gravedad del asunto. Somos exigentes todo el tiempo de transparencia y la formalidad de las leyes. Y presionamos a las autoridades para que estén en pleno funcionamiento los sistemas anticorrupción", comenta en entrevista.
Gómez explica que lo que se ha venido descubriendo con los exgobernadores todavía no va a ser procesado dentro del Sistema Nacional Anticorrupción ni dentro de las reformas al Código Penal.
"Vamos a tener a Duarte en la cárcel pero eso no significa que otro gobernador no haga empresas fantasma porque no hemos podido hacer que la autoridad actúe sobre el proceso que dio lugar a este esquema de corrupción y solo ha actuado con uno de los actores principales"
La especialista, que también ha realizado consultorías para Transparencia Internacional, explicó que los gobernadores tienen diversos esquemas para cometer sus fechorías, tales como la construcción de una presa, la creación de empresas fantasma o incluso a través de las juntas de conciliación y arbitraje.
"Pero todos actúan facilitados por el ambiente de impunidad que reina y porque se sienten protegidos", comentó la investigadora de Méxicanos Contra la Corrupción.
¿#3DE3, LA VÍA?
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en colaboración con Transparencia Mexicana, elaboraron un formato de declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés para que funcionarios públicos y candidatos hicieran públicos estos documentos.
Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del Imco, comentó en entrevista que se trata de un acto voluntario y de buena fe, por lo que está sujeta a que algún gobernador o candidato pudiera omitir información.
"Ellos son responsables de los datos que presentan. Si los gobernadores no incluyen un inmueble no hay automáticamente consecuencias legales o penales de esa omisión", dijo Zapata.
Hay que recordar que Javier Duarte presentó, a su modo, una declaración patrimonial que no fue aceptada por el Imco. También está el caso de Alejandra Barrales, la presidenta nacional del PRD, que no detalló un departamento de lujo en Miami.
Actualmente, de los 32 gobernadores solo seis no presentaron este formato: Francisco Vega De Lamadrid, Manuel Velasco, Rubén Moreira, Roberto Sandoval y Arturo Nuñez.
A partir de julio próximo los funcionarios públicos y gobernadores estarán obligados a entregar las declaraciones, habrá versiones públicas que permitirá ver con qué patrimonio entran y con qué patrimonio salen.
Zapata explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales sí van a tener la facultad y la obligación de verificar que la información dada sea correcta. Si hay omisión o inconsistencias habrá consecuencias administrativas y penales para los funcionarios públicos.
