La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó someter a consideración del Consejo General la propuesta de recursos adicionales por mil 499 millones 392 mil 669 pesos para realizar la Consulta Popular convocada por el Poder Legislativo para juzgar a expresidentes de México.
Estos recursos, en caso de ser aprobados por el Consejo General del INE, deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2021.
En sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la autoridad electoral cumplirá con el mandato de organizar este primer ejercicio de Consulta Popular, apegándose a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, además de que será vigilante de que todos los actores políticos cumplan con las reglas electorales.
Explicó que, como resultado de diversos análisis hechos por las principales áreas del INE, se concluyó que para realizar la Consulta Popular el primero de agosto de 2021, sin afectar las actividades de la institución durante el proceso electoral ya en curso, es necesario solicitar recursos adicionales.
Se propone un gasto total de mil 499 millones de pesos -cifra mucho menor a los 8 mil millones de pesos que cuesta llevar a cabo un proceso electoral de principio a fin-, distribuido en cuatro grandes rubros, correspondientes a las cuatro áreas del Instituto directamente involucradas en la organización de este proceso de consulta, dijo.
Lorenzo Córdova agregó que la solicitud atiende estrictamente el mandato de realizar una Consulta Popular con los parámetros técnicos, profesionales y los estándares de calidad con los que el Instituto lleva a cabo sus procesos.
Precisó que todas las áreas involucradas atendieron a la recomendación hecha, tanto por la Presidencia del Consejo como por la Secretaría Ejecutiva, de reducir al máximo los costos de la Consulta, tomando medidas de ahorro y considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la Consulta Popular.
Algunas de las medidas planteadas con ese propósito son, por ejemplo:
• Instalación de 104 mil 667 casillas (recibiendo en cada una hasta mil 500 electores); en lugar de las 164 mil 550 casillas que se instalarán en la Jornada Electoral del 6 de junio.
• Integrar las Mesas Directivas de Casilla con un número menor de personas; esto es, tres en lugar de seis funcionarios de casilla.
• Recurrir a los ciudadanos ya capacitados para la Jornada Electoral del 6 de junio, lo que permitirá generar ahorros al no tener que llevar a cabo una nueva insaculación ni una capacitación integral, como si fuera un nuevo proceso electoral.
• Reutilizar los cuadernillos impresos con la Lista Nominal de Electores utilizados el 6 de junio, imprimiendo sólo las adendas de aquellas ciudadanas y ciudadanos que cumplan 18 años entre el 7 de junio y el 1 de agosto de 2021.
• Se está proponiendo también realizar los cómputos distritales conforme vayan llegando los paquetes electorales, disminuyendo así en dos días los trabajos del Instituto y la contratación de personal, además de que no será necesario la realización de un programa de resultados preliminares.
El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina destacó el esfuerzo realizado por las diferentes áreas del Instituto para solicitar la menor cantidad de recursos posibles para la organización de la Consulta.
“Sin ello, el Instituto no contaría con recursos para hacerse cargo de esta responsabilidad y que no estaba prevista en el momento en que el Consejo General del INE aprobó el presupuesto y lo turnó en tiempo y en forma al Ejecutivo Federal”, refirió.
