¡Qué siempre no!. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por mayoría calificada, la reforma con la que se impuso la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y falsificación de facturas.
Lo anterior con votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, respectivamente, y a favor de los otros nueve ministros.
Durante la discusión, la ministra Margarita Ríos Farjat dijo que la prisión preventiva debe ser impuesta tras ser analizada oficiosamente en cada caso.
“Me pronuncio para coincidir en que la prisión preventiva, entendida como hasta la fecha, es más punitiva que cautelar. Por eso coincido en que sí se puede interpretar de forma distinta”, indicó.
En su intervención, el ministro Javier Laynez Potisek consideró que incluir a los delitos fiscales entre los que merecen PPO es "un fraude a la Constitución porque el constituyente de manera liberada no incluyó los delitos patrimoniales en 2008 y en 2019 agregó algunos, pero no incluyó los delitos fiscales".
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf afirmó que no tiene duda de que la prisión preventiva oficiosa, entendida como automática, atenta contra el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
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— Suprema Corte (@SCJN) November 24, 2022
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Sin embargo, consideró que acotar esta figura jurídica va más allá de las facultades otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que anunció que “no es factible adoptar la interpretación que se propone en el proyecto” del ministro Luis María Aguilar, que la medida cautelar se aplique según sea el caso.
“Dicha interpretación es incompatible con los principios del sistema penal acusatorio”, mencionó en su intervención ante el pleno.
