Porque algunos de esos terrenos fueron comprados con recursos públicos
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó a su antecesor, César Duarte, de adquirir varios de sus ranchos tras mandar a secuestrar a los antiguos propietarios, para obligarlos a venderlos a precios, incluso, por encima de su valor real.
En entrevista en Ciudad Juárez, Corral señaló que como parte de las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado, tanto en el caso del rancho Santa Rita de 30 mil hectáreas asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras una orden judicial, como en los de otras propiedades, se realizan investigaciones respecto a presuntos plagios.
Los secuestros a los dueños, explicó el actual gobernador de Chihuahua, se hacían previo a la venta, para presionarlos y orillarlos a negociar, “por cierto no en cantidades inferiores, incluso en cantidades, en algunos casos, superiores al valor de los terrenos o de las fincas”.
"Fue un método utilizado durante el gobierno de César Duarte: presionar mediante distintos mecanismos, incluido el secuestro, a los propietarios de estos predios"
Aunque de momento la propia FGE no cuenta con denuncias de las víctimas afectadas, Javier Corral enfatizó que los cateos efectuados a dichos inmuebles, aportaron información importante, que generó toda una línea de investigación en ese sentido.
Además, dicha investigación se enfoca en demostrar que el propietario verdadero de dicho inmueble es el exgobernador César Duarte, pues la gran mayoría de los inmuebles están a nombre de terceras personas, como en el caso del referido rancho Santa Rita.
Además, Javier Corral adelantó que hay otras propiedades que podrían ser aseguradas, que se encuentran en proceso de averiguación, para acreditar que son bienes que deben servir al resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al estado de Chihuahua.
Solo el rancho Santa Rita, asegurado esta semana en el municipio de Camargo, tiene una extensión de 30 mil hectáreas, similar al tamaño de la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua, y costó 60 millones de pesos, pagados presuntamente con recursos públicos, por quien fuera el director de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal durante el gobierno de César Duarte, el hoy fallecido Carlos Hermosillo Arteaga.
Se trata, dijo Corral, de un aseguramiento muy importante, que representa una pequeña cantidad con que se podrá reparar una parte del daño ocasionado.
Estos y otros elementos, han sido base para iniciar la exigencia a nivel nacional para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acelere el proceso de extradición de Duarte Jáquez.
