Porque, ahora sí, el exgobernador de Veracruz enfrentará la justicia mexicana
Javier Duarte enfrentará, ahora sí, la justicia mexicana. Esto luego de que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala resolviera poner al exgobernador de Veracruz a disposición de las autoridades mexicanas para su extradición.
La resolución de las autoridades guatemaltecas, llega luego de que esta mañana Duarte aceptara allanarse para ser trasladado a México, donde es acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ambos considerados del fuero federal.
A pesar de aceptar la extradición, el exgobernador veracruzano negó haber cometido los ilícitos de los cuales se le acusa.
"He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición solicitada por el gobierno de México (...) No cometí tales delitos y es mi deseo acreditarlo ante el Poder Judicial
Durante esta segunda audiencia sobre el proceso de extradición, y la tercera desde que Duarte fue detenido, el exmandatario se mostró serio y estuvo acompañado del abogado guatemalteco, Carlos Velázquez.
Previo al anuncio de Duarte, José Antonio Galdámez, Fiscal de Asuntos Internacionales de Guatemala, leyó los delitos que se le imputan a Duarte de Ochoa, así como las pruebas -las cuales incluyen propiedades y empresas fantasma- de los ilícitos por los cuales el expriista se encuentra en investigación.
Al respecto, el exgobernador pidió hacer una aclaración:
"Simple y llanamente para aclarar que la propia solicitud de extradición aclara que no aparece mi nombre en el registro nacional agrario. En ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre ni de mis familiares directos (...) Está viciada (la petición). No fui agente ejidatario ni soy ni pienso ser ejidatario"
De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, por el delito de delincuencia organizada, Duarte de Ochoa podría alcanzar una pena de 30 a 40 años de prisión, mientras que por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita la pena sería de entre cinco y 15 años, según lo establecido en las leyes mexicanas.
