Este 22 de febrero, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, destapó la caja de Pandora al revivir uno de los capítulos más dolorosos de la vida política del país: la muerte de 49 bebés en una guardería ubicada en Sonora. El ministro aseguró que el entonces presidente Felipe Calderón intervino en el caso para proteger a su familia.
El caso de la Guardería ABC le dio la vuelta al mundo debido a que el incidente involucró a familiares de Margarita Zavala, esposa de Calderón; además se revelaron una serie de irregularidades respecto a las concesiones de guarderías por parte del IMSS.
Por desgracia, el caso de la Guardería ABC no ha sido el único en donde el responsable es el Estado, pues recordemos que la historia de México cuenta con otros capítulos negros como la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, ordenada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz; o el “Halconazo” de 1971, perpetrado durante el sexenio de Luis Echeverría.
— N A V A (@imnayibnava) February 20, 2022
Por eso, acá te presentamos otros sucesos que han marcado al país y a sus ciudadanos.
LA MATANZA DE ACTEAL
Cuando pensamos que ya habíamos visto los días más sangrientos del país, el gobierno priista de Ernesto Zedillo se manchó con la conocida “Matanza de Acteal”, la cual tuvo lugar en esta localidad del municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas.
Esta comunidad vivió en carne propia el miedo un 24 de diciembre de 1997, cuando la incursión de unos 60 paramilitares vestidos de negro propició homicidios, desapariciones de personas, daños y robos a casas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este hecho dejó como saldo 45 personas muertas pertenecientes a la comunidad tzotzil (organización Las Abejas), entre ellas mujeres (de las cuales cuatro estaban embarazadas), menores de ambos sexos y hombres, así como 26 lesionados graves; quienes fallecieron por golpes, heridas punzocortantes y heridas de bala.
Luego de lo ocurrido, los sobrevivientes, familiares de las víctimas y la sociedad, presionaron para obtener respuestas y finalmente las autoridades a detuvieron y procesaron a algunos paramilitares que participaron en la ejecución de los casi 50 fallecidos.
La Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de estos hechos emitió un informe en el que responsabiliza penalmente al propio expresidente Zedillo, también a su secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz; al ex gobernador de ese estado, Julio César Ruiz Ferro; Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la PGR, entre otros funcionarios que no recibieron su castigo por su responsabilidad en la matanza.
EL CASO ATENCO
En mayo de 2006, antes de que culminara el sexenio de Vicente Fox, hubo enfrentamientos violentos entre miembros de la Policía Federal Preventiva de México, la Agencia de Seguridad Estatal, la policía municipal y habitantes de San Salvador Atenco.
Todo inició cuando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrentó con policías debido a un conflicto vecinal por la instalación de vendedores de plantas y flores en un mercado local.
Mujeres víctimas de tortura sexual durante los disturbios de Atenco en 2006 presentaron un amparo contra la @FiscaliaEdomex, a la que acusan de obstaculizar la investgación, informó el @CentroProdh. https://t.co/Su6A1TIwJe
— Animal Político (@Pajaropolitico) September 13, 2020
En esta ocasión los disturbios violentos iniciados por más de tres mil 500 efectivos de la policía, quienes atacaron a los pobladores, dejaron como saldo dos jóvenes asesinados y 207 detenciones. De las cuales, 47 eran mujeres que posteriormente denunciaron haber sido torturadas y agredidas sexualmente por parte de algunos miembros del cuerpo de policía.
Asimismo, cinco extranjeros fueron expulsados de México, entre ellos dos ciudadanas españolas.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció al Estado mexicano tras encontrarlo responsable de "violencia sexual, violación y tortura" contra 11 mujeres. Durante el proceso de estas demandas, el Estado reconoció que las mujeres sí sufrieron violencia física psicológica y sexual, así como actos de tortura. También que no proporcionó la atención médica adecuada y admitió su deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.
Hoy, México🇲🇽 publica en @DOF_SEGOB, la síntesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos @CorteIDH al condenar al Estado en el caso "Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco".
— Alfonso Herrera (@jAlfonsoHerrera) May 17, 2019
Muy significativo. Más allá de cumplirse ese mandato de la sentencia:https://t.co/M5BJGRAURT
Pese a toda esta presión internacional, el caso continúa en la “total impunidad” a más de 15 años de la represión. Y es que no hay ningún elemento policiaco que enfrente una condena en prisión por estos hechos.
SAN FERNANDO
Cuando el panista Felipe Calderón Hinojosa era mandatario de México ocurrió un hecho sin precedentes que comprobó que la llamada “guerra contra el narco” se había salido de control. El 22 de agosto de 2010 se dio a conocer que 72 personas, provenientes de Veracruz y con destino a Estados Unidos, fueron ejecutadas en una finca del municipio tamaulipeco de San Fernando.
Corte obliga a @PGR_mx a abrir expedientes de matanza en San Fernando, #Tamaulipas https://t.co/j5YpUFVIb5 pic.twitter.com/16DzGS53Zw
— Milenio (@Milenio) March 3, 2016
El hallazgo se logró debido a que un hombre de nacionalidad ecuatoriana sobrevivió y solicitó ayuda, así fue como pudo mostrar a las autoridades el sitio donde tuvo lugar la masacre en el ejido de El Huizachal, donde encontraron a 58 hombres y 14 mujeres, quienes en su mayoría eran migrantes de Centro y Sudamérica de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil.
Luego de las investigaciones pertinentes se logró la captura de ocho personas pertenecientes al grupo de los Zetas, entre quienes se encontraba un menor de edad; mismos que fueron aprehendidos por la Secretaría de Marina pero no recibieron una sentencia.
Lo mismo ocurrió con la detención de Martiniano de Jesús “N”, en noviembre de 2017 por parte de la Procuraduría General de la República, quien fue identificado como jefe del grupo criminal y quien supuestamente coordinó la masacre, pero no se logró su vinculación a proceso. Lo mismo pasó con 81 personas vinculadas a estos hechos.
TLATLAYA
Otro gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) envuelto en escándalos de este tipo fue el de Enrique Peña Nieto, cuando militares del 102° Batallón de Infantería asesinaron a 22 civiles en la bodega de una obra negra localizada en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de junio de 2014 en el citado municipio mexiquense en donde un convoy realizó un reconocimiento de ruta sobre una Carretera Federal para posteriormente llegar a la bodega en obra negra donde se enfrentaron supuestamente a tiros con un grupo de civiles armados.
En su momento, la CNDH declaró que ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega. Sin embargo, los gobiernos estatal y federal (ambos del PRI) manejaron la versión de que los “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército.
A consecuencia de estos hechos, lo único que se logró fue el interrogatorio a cuatro militares de alto rango, un cabo y un soldado, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) impidió que rindieran su declaración. Sin embargo, como ocurrió con otros crímenes de Estado que siguen sin dar una respuesta clara, ninguno de los militares está en la cárcel porque la fiscalía determinó en 2020 que tras analizar la información no encontró indicios para ejercer acción penal en contra de nadie.
AYOTZINAPA
El gobierno de Enrique Peña Nieto también se vio marcado por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio guerrerense de Iguala, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Aunque la intención de los alumnos de entre 15 y 25 años era “tomar” autobuses para asistir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, Policías Municipales, miembros de otras corporaciones y civiles cerraron el paso a cinco camiones donde estaban los jóvenes.
El saldo de esta terrible noche dejó 43 estudiantes desaparecidos; seis personas ejecutadas, así como al menos 40 lesionados. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
Al año siguiente, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” dictaba que los normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
Luego de que las cosas quedaran impunes en el gobierno de Peña Nieto, el actual mandatario de México Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para la instalación de una comisión que busca dar a conocer la verdad, reparar las violaciones y hacer justicia en la desaparición forzada de los 43 normalistas; las investigaciones llevaron a la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, quien participó directamente en la desaparición de los jóvenes.
Fue hasta 2020 que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero anunció en conferencia el fin de la "verdad histórica" creada durante la administración anterior, al obtener órdenes de aprehensión que incluían una solicitud de ficha roja a la Interpol para la detención del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. También se identificaron los restos y fragmentos encontrados en el predio conocido como La Carnicería.
A seis años de este lamentable hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a los familiares de los normalistas en nombre del Estado Mexicano y destacó que se tenía la obligación con las víctimas de repararles el daño y aclarar lo que sucedió.
ASESINATOS DE PERIODISTAS
En su búsqueda por la verdad o en la realización de su trabajo muchos periodistas han perdido la vida y sus muertes también han quedado impunes. Como lo mencionó en su momento la organización Artículo 19, en el país documentó el asesinato de 150 personas relacionadas con la labor periodística, de los cuales 138 son hombres y 12 mujeres.
De estos, 47 ocurrieron durante el mandato anterior y 30 en lo que va del gobierno de López Obrador, quien ha sido criticado recientemente por el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien externó su preocupación por la ola de violencia que ataca a los comunicadores mexicanos.
The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022
A estas declaraciones, el canciller Marcelo Ebrard reconoció el problema del aumento a la violencia contra los periodistas que se ha agravado en el país, pero que AMLO es un impulsor de las libertades y derechos políticos, sociales y de expresión, por lo que no habrá impunidad en los casos de asesinatos que han ocurrido.
Por su parte, López Obrador pidió al funcionario estadunidense informarse y no actuar de manera injerencista en torno a este tema que no es nuevo y que hoy por hoy ha cobrado relevancia porque ha sido la constante en los últimos sexenios.
