Porque sería un hecho único que se podría repetir en otros casos similares
La PGR anunció que el próximo 21 de febrero ofrecerá una disculpa pública para tres mujeres indígenas a quien encarceló en 2006 por supuestamente secuestrar a seis agentes federales en Querétaro.
El acto será presidido por el procurador Raúl Cervantes Andrade, y contará con la presencia de las tres mujeres Hñähñú: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, a quienes también se les reconocerá su inocencia ante dicho delito, indicó la PGR en un comunicado.
El reconocimiento se realizará a las 12:30 horas en el Museo Nacional de Antropología, para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas, y será transmitido en vivo, a través de www.gob.mx/pgr y por youtube.com/centroprodh, afirmó la PGR.
UNA HISTORIA DE INDIGNACIÓN
El 26 de marzo de 2006, en el tianguis Santiago Mexquititlán, Querétaro, seis agentes vestidos de civil de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) despojaron a los comerciantes de su mercancía alegando que se trababa de piratería. Los afectados les solicitaron sus identificaciones y una orden judicial, por lo cual el Ministerio Público de Federación tuvo que ir al pueblo a dialogar con los comerciantes. El mismo día, luego de acordar pagar los daños, todos los elementos salieron de la comunidad.
En agosto del mismo año, las indígenas fueron condenadas a 21 años de prisión por el delito de secuestro de seis agentes que realizaban un operativo, pero en el mercado de Amealco, Querétaro.
En febrero de 2009, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez inició la defensa legal de las mujeres, principalmente de Jacinta, y en julio de ese mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la PGR por considerar que fueron violados los derechos de las tres indígenas, al grado de decir que la autoridad fabricó testimonios para el caso. Ese mismo año fueron liberadas.
En 2016, 10 años después de haber sido encarceladas, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la PGR debía reparar el daño en este caso, pero las disculpas, reconocimiento de inocencia e indemnización nunca llegó.
