¿Qué está pasando entre el gobierno de AMLO y la escritora María Amparo Casar?
El viernes pasado, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusó a María Amparo Casar Pérez, además presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de haber sido cómplice de un presunto caso de corrupción en contra de la petrolera, por más de 48 millones de pesos.
En conferencia, Romero Oropeza detalló que Casar cobró de manera ilegal una pensión de 124 mil 948 pesos mensuales tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, extrabajador de Pemex, quien falleció en su sitio de trabajo.
Además, más tarde, el gobierno federal exhibió el expediente completo del caso y acusó que Casar recibió un pago de seguro por 17 millones 600 mil pesos.
Pero, ¿en dónde está lo ilegal?
El director de Pemex ha explicado que dicha pensión no debía ser otorgada, pues Márquez Padilla no murió de manera accidental, sino que se suicidó al aventarse de un edificio de la empresa en 2004. Sin embargo, el funcionario indicó que Amparo Casar recibió apoyo de las autoridades para ignorar las investigaciones periciales.
Incluso el gobierno federal compartió el peritaje de la extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que avaló que Carlos Fernando Márquez en realidad se quitó la vida.
Ante esos señalamientos, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad indicó que las acusaciones podrían tratarse de una "venganza" de corte político.
Explicó que el dinero de la pensión lo recibió de "una compañía extranjera contratada por Pemex", y agregó que se trata de una "pensión, es vitalicia es un derecho imprescriptible e irrenunciable" que dejó de recibir desde el pasado 15 de febrero y lamentó que ahora "paso de ser víctima de una injusticia a ser una delincuente".
A la par, a través de un desplegado llamado “Ya basta”, personajes como Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama, Jacqueline Peschard, Raúl Trejo Delarbre, José Woldenberg, entre otras personas, condenaron la publicación de datos personales de Casar Pérez como su credencial de elector, recibos de pago y entre otros documentos.
Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció que inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en distintos documentos del expediente del caso de María Amparo Casar.
Usar la muerte de un familiar para denostar desde el poder a una ciudadana es un acto de autoritarismo vulgar y cobarde...
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 4, 2024
Usar el poder del Estado para difundir datos personales es un desquiciado acto que raya en el totalitarismo.
Mi solidaridad con @amparocasar
¡Ya basta! pic.twitter.com/PYKijvkLGa
