Nuevamente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta vez al aseverar, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), que si los ministros invalidan el llamado 'Plan B' electoral, la Corte "estaría sustituyendo" al poder Legislativo.
"De invalidarse proceso legislativo del 'Plan B', SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión", señaló en un comunicado.
Presidencia se lanzó contra los argumentos que buscan invalidad la reforma electoral. Señaló que "resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática", pues al aprobar el 'Plan B', el "Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN".
Por lo que, "al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos".
Además, la Presidencia criticó que la Corte se negara a analizar, antes que la validez del 'Plan B', unos recursos presentados desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS). Dijo que hay un sesgo a la hora de juzgar, que pone en desventaja las acciones del actual gobierno.
"La SCJN demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada", señaló.
Días atrás, la Presidencia pidió retrasar la discusión del 'Plan B', para que lo antes posible el máximo tribunal resuelva la constitucionalidad o no del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, mismo que fue respaldado entonces por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
