El próximo lunes 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que busca invalidar la primera parte del llamado 'Plan B' en materia electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto luego de que este jueves se revisó, en sesión privada, una petición de la Presidencia de la República que buscaba el aplazamiento del asunto. Los ministros por unanimidad, consideraron que deben resolver primero impugnaciones a la Ley de Comunicación Social, pendientes desde 2018, año en que se expidió la norma.
Los ministros determinaron que la Suprema Corte tiene la obligación de resolver el asunto antes de que inicie el periodo electoral federal, ya que se planteó como un tema de esa índole.
La reforma del 'Plan B' en Comunicación Social es materia electoral porque se incluyó una nueva definición sobre propaganda gubernamental, que ahora permite a los funcionarios opinar libremente sobre cualquier tema político sin ser sancionados, y porque contiene varias reglas sobre campañas de comunicación social en periodos electorales.
¿QUÉ PIDIÓ LA CONSEJERÍA JURÍDICA?
El pasado 3 de mayo, la Consejería Jurídica de la Presidencia indicó que el objetivo del aplazamiento era evitar que se emitieran sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica.
Señaló que la Ley de Comunicación Social fue aprobada antes del inicio del proceso electoral 2017-2018 por el PAN y el PRI, lo que fue cuestionado por la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que hubo violaciones al proceso legislativo.
“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, señaló la Consejería Jurídica.
