Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el candado de 10 años que debían esperar los funcionarios públicos para ingresar a laborar en el sector que regularon una vez que dejaran el cargo.
Al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, expuso que esta norma, que estaba incluida en la Ley de Austeridad Republicana, no es necesaria, ya que establece un plazo demasiado largo en comparación a otras medidas que buscan regular las mismas acciones.
De igual forma, Zaldívar explicó que esta regla no puede aplicarse de la misma manera para todos los altos cargos ya que manejan información diferente.
“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto me parece que la norma es sobreinclusiva”, afirmó el ministro presidente.
Para el ministro Alberto Pérez Dayán, esta diferencia entre las tareas que desempeñan los funcionarios es lo que lo llevó a votar a favor de la inconstitucionalidad.
En su posicionamiento, expuso que una norma de este tipo “debe operar para cualquier servidor público que, a razón de sus funciones, tenga acceso a información privilegiada y esto le genere una ventaja frente a otros trabajos”.
Por su parte, el ministro Luis María Aguilar argumentó que esta norma podría generar incertidumbre, ya que va en contra de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“En la Ley de Austeridad Republicana se señala un periodo de 10 años como prohibición, mientras que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se señala solamente un año. ¿Cuál sería entonces la sanción que se debería aplicar? Y, ¿cómo sería el supuesto que se está incumpliendo si una ley dice un periodo y la otra dice otro?”.
La Ley de Austeridad Republicana fue publicada en noviembre de 2019 como uno de los ejes rectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que buscaba generar ahorros en el gasto público.
