Porque esta es una historia más de contratistas favorecidos por gobiernos
Pese a reportar retrasos en los programas de avance de su contrato firmado el 12 de diciembre de 2013 y que se prolongará hasta finales de este año, por un importe de 6 mil 376 millones 773 mil 27 pesos, que ampara la instalación de 10 mil cámaras de videovigilancia (637 mil 600 pesos cada una), la empresa Seguritech, SA de CV, siempre cobró a tiempo las cantidades pactadas con el gobierno del Estado de México: mil 500 millones de pesos cada año.
De acuerdo con un documento público de la administración de Eruviel Ávila, en 2014 Seguritech no logró cubrir los avances programados dentro de su contrato. El único avance que sí llega al 100 por ciento es el del monto cobrado durante ese año, que son mil 500 millones de pesos.
Lo mismo sucedió al año siguiente, cuando Seguritech tampoco alcanzó las metas programadas para 2015, pero su dinero siempre llegó de manera puntual.
En el reporte de avance físico-financiero de 2014 y 2015, el último disponible –público en internet-, se establecen diez conceptos para este contrato –año con año de 2013 a 2017 siempre son los mismos-, y cada uno de ellos señala en avance que durante cada año se debe alcanzar en cada uno de estos conceptos.
Sin embargo, Seguritech, SA de CV en algunos casos no cumplió con el avance programado.
De acuerdo con el ingeniero Joaquín Gutiérrez, experto en contratos de obra pública, “en este caso se cometieron dos delitos: la empresa preestimó conceptos que no realizó, por lo que está obligada a devolver los recursos por conceptos no ejecutados al 100 por ciento, además del respectivo pago de intereses. Ese dinero debió haber sido devuelto a la Federación.
“Por otra parte, los funcionarios que aceptaron que la empresa preestimara conceptos no ejecutados totalmente cometieron el delito de quebranto patrimonial contra la Federación, por lo que deberían estar en la cárcel”, dijo.
Por ejemplo: “instalación de arcos carreteros con cámaras de reconocimiento de placas en los principales ejes carreteros”. Durante el primer año, esta empresa instaló sólo dos arcos, pese a que el contrato establecía que deberían ser cuatro. Aun así le pagaron los cuatro.
También debió haber instalado 137 kilómetros –de un total de 350-, es decir, el 39 por ciento del total de la “red de comunicaciones entre los municipios”, pero solo instaló 55 kilómetros (16 por ciento). El gobierno del Estado de México le pagó como si hubiese instalado los 137 kilómetros a los que estaba comprometida.
