Porque se utilizaron recursos públicos para espiar a activistas
El comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazó la propuesta del Comité de Participación Ciudadana para emitir un exhorto por la denuncia de espionaje e intervención telefónica a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Luego de que el periódico The New York Times publicara que periodistas y activistas habían sido espiados a través de sus dispositivos telefónicos con un software llamado Pegasus, adquirido por el gobierno federal, los integrantes del Comité consideraron necesario exhortar a las dependencias federales que lo tienen, a enviarles la información del costo de este programa.
“Nosotros consideramos que en esos actos no sólo hubo una violación a la vida privada, que es fundamental, sino que podría haber desviación de recursos públicos porque es un software que se compra para un fin, y eventualmente se usa para otro. Entonces consideramos que en esa violación grave de la vida privada de las personas debería haber asuntos de corrupción”, dijo la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard.
Sin embargo, los integrantes del comité coordinador: los titulares de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez; de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Javier Acuña; del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, desestimaron la propuesta.
“Lo que queríamos nosotros era un exhorto para tener información que el sistema requiere y pensamos que esa era la vía; es decir, no dejar pasar un asunto que nos parecía de enorme preocupación”, comentó Peschard.
Con sólo un voto a favor, la propuesta no fue tomada en cuenta.
El consejero Pérez Daza explicó que el artículo 23 de la Ley General del Sistema Anticorrupción que sustenta la petición del Comité de Participación Ciudadana, establece algunas condiciones para emitir exhortos, como el “que se trate de algún hecho o delito en materia de corrupción”, y que la Procuraduría General de la República ya está investigando el caso y hasta el momento no se habla de algún delito, entonces no tendría cabida el artículo 23.
“En este caso la Procuraduría General de la República, o el futuro fiscal anticorrupción, serán quienes tienen la facultad de poder hacer la investigación, de poner los elementos de prueba correspondientes, y ya estando un caso concreto, materialmente con evidencias o instrumentado por la autoridad competente, entonces sí pienso que tendríamos ya el segundo elemento que establece la norma, que es el caso concreto para poder hacer una recomendación, un exhorto de solicitar información”, detalló.
