Dinerín, dinerito...
En las últimas semanas, la elección judicial, para votar por jueces, magistrados y ministros, ha estado en la mira. Primero, por las voces en contra y a favor, que incluso llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde casi es declarada inválida.
Pero de forma reciente la discusión se ha centrado en otro punto: el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó para los comicios extraordinarios de 2025, por un monto de 13 mil 205 millones de pesos.
Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido disminuir el costo y hasta ha reprochado que meses atrás, el INE habló de un presupuesto casi en 50% menor.
Ante ello, en la Cámara de Diputados ya se habla de la posibilidad de buscar conversaciones con el INE, que presentó un anteproyecto de presupuesto en el que justificó cada peso, pero también hay quienes ven la posibilidad de hacer un 'disminución' más bien forzada, si no se logra negociar.
Pero... ¿esto es posible?
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, todos los anteproyectos de presupuestos son revisables, incluido el del INE, lo que lo hace 'vulnerable' a una modificación.
Pero para que estos anteproyectos puedan ser cambiados deben tomarse en cuenta algunos puntos:
- Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales
- Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría
- La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el año siguiente
- El marco macroeconómico de mediano plazo
- El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría
- La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.
En pocas palabras, se puede modificar siempre y cuando esté justificado y no se afecten los intereses de la Nación.
Para ponerte un ejemplo recordemos lo que pasó en 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE), tras advertir que la Cámara de Diputados no justificó adecuadamente la baja presupuestal y por el contrario, comprometió las funciones de ese organismo constitucional autónomo, "lo que podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral".
