El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, generó una fuerte polémica tras la publicación de una resolución que emplea términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar distintos grados de discapacidad intelectual.
La normativa, publicada el pasado 14 de enero en el Boletín Oficial de la Nación, establece los criterios médicos para la evaluación de invalidez laboral, requisito necesario para acceder a pensiones no contributivas.
El reglamento, elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y colectivos que representan a personas con discapacidad. El documento revive términos que habían sido descartados por su carácter peyorativo y que vulneran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2008 y con rango constitucional en Argentina.
Bajo el apartado de Psiquismo, la resolución clasifica a las personas con discapacidad intelectual de acuerdo con su coeficiente intelectual. Entre 0 y 30 puntos se encuentran los “idiotas”, descritos como quienes “no atravesaron la etapa glósica, no leen ni escriben, no conocen el dinero, no controlan esfínteres, no atienden sus necesidades básicas y no pueden subsistir solos”.
En el rango de 30 a 50 puntos se ubican los “imbéciles”, que “no leen ni escriben, atienden sus necesidades elementales y pueden realizar tareas rudimentarias”. El reglamento también contempla las categorías de “débil mental profundo”, “débil mental moderado” y “débil mental leve”, de acuerdo con el grado de autonomía y habilidades cognitivas.
Las organizaciones civiles han exigido la derogación inmediata de la normativa, al considerar que “atenta de modo flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. El 3 de febrero, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis ONGs presentaron un reclamo administrativo ante la ANDis, argumentando que la resolución reproduce el modelo médico de la discapacidad, ya superado por el modelo social.
“Según este modelo, la discapacidad se entiende como la interacción entre las características de la persona y las barreras presentes en su entorno, por lo que no se pone el foco en ella ni en su ‘deficiencia’, sino en la comunidad y el Estado, que deben transformarse para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad”, explicó Agostina Quiroz, abogada de la ACIJ.
Las organizaciones también criticaron que el reglamento asuma que hay personas que nunca podrán trabajar, desconociendo que “no hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren”. La resolución ha sido considerada un retroceso para los derechos humanos, por lo que se ha solicitado al Ejecutivo su derogación urgente.
El lenguaje utilizado por la administración de Javier Milei ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, ya que el mandatario ha adoptado un discurso confrontativo contra sus críticos, apelando a términos ofensivos como “idiotas” y “mogólicos”. Las organizaciones denunciaron que la adopción de este tipo de vocabulario por parte del Estado no solo refuerza prejuicios históricos, sino que profundiza la discriminación hacia las personas con discapacidad, alejándose de los principios de inclusión y respeto por la diversidad.
