Un juez federal prohibió este sábado al gobierno del presidente Donald Trump realizar deportaciones bajo una ley del siglo XVIII que el republicano invocó apenas horas antes afirmando que Estados Unidos estaba siendo invadido por una pandilla venezolana y que tenía nuevos poderes para expulsar a sus miembros del país.
James E. Boasberg, juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, afirmó que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a El Salvador y Honduras a migrantes que, según afirmaba, eran recientemente deportables según la proclamación de Trump para ser encarcelados allí.
El Salvador ya acordó esta semana acoger hasta 300 migrantes que la administración Trump calificó como pandilleros.
“No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar”, declaró Boasberg durante una audiencia el sábado por la noche en una demanda interpuesta por la ACLU y Democracy Forward.
“Un breve retraso en su deportación no perjudica al gobierno”, añadió, señalando que permanecen bajo custodia del gobierno, pero ordenando que se devuelvan todos los aviones en vuelo.
El fallo se produjo horas después de que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 , una amplia autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente un mayor margen de maniobra en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas.
Esta ley solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras. Su aplicación más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se empleó para encarcelar a alemanes e italianos, así como para el internamiento masivo de civiles estadounidenses de origen japonés.
En una proclamación emitida poco más de una hora antes de la audiencia de Boasberg, Trump sostuvo que Tren de Aragua estaba efectivamente en guerra con Estados Unidos.
“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a TdA”, dice la declaración de Trump.
“El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial para este país”.
La orden podría permitir a la administración deportar a cualquier migrante que identifique como miembro de la pandilla sin pasar por los procedimientos migratorios regulares, y también podría eliminar otras protecciones bajo la ley penal para las personas a las que el gobierno apunta.
La pandilla Tren de Aragua se originó en una prisión del país sudamericano y acompañó el éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida tras el desplome económico de su país en la década pasada. Trump y sus aliados han convertido a la pandilla en el rostro de la supuesta amenaza que representan los inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos y la designaron formalmente como “organización terrorista extranjera” el mes pasado.
El gobierno afirmó que Trump firmó la orden el viernes por la noche. Abogados de inmigración se percataron de que el gobierno federal actuaba repentinamente para deportar a venezolanos a quienes, de otro modo, no tendrían el derecho legal de expulsar del país, y se apresuraron a presentar demandas para bloquear lo que creían que era una proclamación pendiente.
Boasberg emitió una orden inicial a las 9:20 a. m. del sábado, impidiendo que la administración Trump deportara a cinco venezolanos nombrados como demandantes en la demanda de la ACLU, quienes se encontraban detenidos por el gobierno y creían estar a punto de ser deportados. La administración Trump apeló dicha orden, argumentando que detener una medida presidencial antes de su anuncio paralizaría al poder ejecutivo.
Si se permitiera que la orden siguiera vigente, “los tribunales de distrito tendrían licencia para prohibir prácticamente cualquier acción urgente de seguridad nacional simplemente al recibir una queja”, escribió el Departamento de Justicia en su apelación.
Boasberg luego programó la audiencia de la tarde para decidir si ampliar su orden a todas las personas que podrían ser el objetivo de la declaración de Trump.
El fiscal general adjunto adjunto, Drew Ensign, sostuvo que el presidente tenía amplia libertad para identificar amenazas al país y actuar conforme a la ley de 1798. Señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al presidente Harry Truman seguir deteniendo a un ciudadano alemán en 1948, tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en virtud de la medida.
“Esto afectaría profundamente las prerrogativas del presidente”, dijo Ensign sobre una orden judicial.