La Embajada de Estados Unidos solicitó a la Cancillería mexicana “instrucciones” para realizar una llamada telefónica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el candidato ganador de las elecciones presidenciales Joe Biden; sin embargo, la respuesta del gobierno de México fue que esperará, bajo el principio de no intervención, “la definición institucional del proceso electoral” para establecer comunicación entre ambos.
De acuerdo con un correo electrónico institucional del director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, enviado el 9 de noviembre pasado a la representación de Washington en nuestro país, lo anterior es sin demérito de las decisiones que otros países tomen con base en sus propias leyes y tradiciones diplomáticas.
“México no hace una valoración sobre la validez de la elección, sus resultados o los procesos que pudiesen derivar de esta”, justificó la Cancillería mexicana en su respuesta, la cual se realizó tras estudiar cuidadosamente el asunto y realizar consultas sobre el tema tanto con el secretario Marcelo Ebrard, como con el titular del Ejecutivo.
No obstante, el gobierno de México se dijo respetuoso de la voluntad popular estadounidense y de los procesos democráticos establecidos en su Constitución y leyes, por lo que hizo votos por continuar la relación de amistad entre los pueblos de México y los Estados Unidos.
Por tanto, anticipó que México continuará trabajando por mantener una relación constructiva y basada en el diálogo respetuoso de las soberanías de cada país con el siguiente presidente de los Estados Unidos.
En la argumentación, se explica que uno de los pilares de la política exterior mexicana es el principio de no intervención, establecido en la Doctrina Carranza, la cual, enunciada por el presidente Venustiano Carranza en 1918, señala que “la firme y constante voluntad de no intervenir jamás, bajo ningún pretexto, en los asuntos interiores de otros países”.
“Esta doctrina ha guiado la posición de México frente a procesos electorales de países extranjeros al establecer que ‘todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia, deben respetar mutuo y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, sometiéndose estrictamente al principio universal de no intervención’”, se refiere.
