La ‘guerra’ del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las pandillas ha cruzado una nueva frontera y ahora persigue a los presuntos delincuentes, hasta en los cementerios.
El gobierno de El Salvador comenzó esta semana con un programa para limpiar a todo el país centroamericano de cualquier “grafiti”, símbolo o marca que haga referencia a los grupos criminales que generaron violencia en dicho país durante casi 40 años.
“De norte a sur, de este a oeste, nosotros vamos a borrar todos los grafitis que haya a nivel nacional. Como que no ha pisado aquí nunca una pandilla, así que vamos a borrar todo el rastro de ellos. en cualquier rincón, la gente nos puede poner en redes sociales y nosotros vamos a mandar a borrar. Ellos ya no van a existir definitivamente en este país”, aseguró un representante de la Dirección General de Centros Penales de El Salvador.
Más de 56 mil supuestos pandilleros y personas ligadas a estas bandas han sido capturas en El Salvador durante un régimen de excepción implementado desde finales de marzo, el cual es criticado por diversos sectores nacionales e internacionales por violar derechos humanos.
La Presidencia salvadoreña ha señalado que “los resultados de la estrategia de seguridad son irrefutables”.
Indicó que en lo que va del régimen de excepción, “las fuerzas de seguridad han capturado a más de 56 mil pandilleros”.
El régimen de excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, y suspende varias garantías constitucionales.
Recientemente, siete organizaciones de El Salvador dieron a conocer que registran 4 mil 071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, que junto a las más de 3 mil 400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7 mil 400.
La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias y los registros de cada organización van del 100 por ciento al 73 por ciento, con los cuerpos de seguridad como “los señalados como victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC)”, detallaron.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, pero el 75.9 por ciento aprueba la medida.
El Gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción, implementado para “combatir” a las pandillas en una “guerra” contra estas estructuras, según la ha llamado Bukele.
