La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en México (ONU-DH) condenó la intervención de comunicaciones y exigió esclarecer estas acciones.
En un comunicado, el organismo consideró que corresponde al Estado promover un ambiente de tolerancia y pluralidad en favor de la democracia.
Luego de las revelaciones de los documentos de Guacamaya que apuntan a que el Ejército mexicano espía con el software de Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en México condenó la intervención de comunicaciones y exigió esclarecer estas acciones.
Sin embargo, al espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humano vulnera la confianza de la población y manda un señal negativa.
“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa” dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.
La oficina de la ONU-DH en México llamó al gobierno a dejar estas prácticas y a establecer medidas cautelares para la protección de las víctimas.
Fernández-Maldonado consideró que las acciones de inteligencia y de intervención de comunicaciones deben realizarse dentro de un marco normativo, por lo que dijo que el involucramiento arbitrario del Ejército en estas acciones refuerza la necesidad de que haya controles civiles sobre las fuerzas armadas.
📰📢 La ONU-DH expresa su preocupación por actos de vigilancia ilícita contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) October 11, 2022
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“El Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares. Estos actos no pueden realizarse fuera del marco normativo y de estrictas salvaguardias de derechos humanos, lo que implica que todas las medidas adoptadas que coarten los derechos humanos y las libertades fundamentales deben estar expresamente previstas en la ley”, dijo.
El organismo destacó que las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo son actores fundamentales para la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Ante las informaciones hechas públicas, la ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a presentar resultados consistentes y fiables sobre la investigación iniciada en el año 2017 respecto de actos de vigilancia ilícita con el software Pegasus, de NSO Group.
En su informe de 2019 sobre la vigilancia y los derechos humanos, David Kaye, entonces relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, subrayó la importancia de limitar el uso de tecnologías de vigilancia.
La oficina reafirmó su compromiso para acompañar al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus instituciones y en la implementación de las normas internacionales de derechos humanos.
