En una votación dividida, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el martes levantar la suspensión a una ley de Texas que le da a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente.
El gobierno del presidente Joe Biden había presentado una demanda para anular la medida afirmando que es una clara violación de la autoridad federal que perjudicaría las relaciones internacionales y provocaría un caos en la aplicación de la ley migratoria. Texas argumenta que tiene derecho a tomar acción ante lo que el gobernador Greg Abgbot ha descrito como una “invasión” de migrantes en la frontera.
Los opositores han calificado a la ley, conocida como Proyecto 4 del Senado, como el intento más dramático de un estado de controlar la inmigración desde una ley de Arizona de hace más de una década, algunas porciones de la cual fueron anuladas por la Corte Suprema. Los críticos también han dicho que la ley de Texas podría violar los derechos civiles y llevar a la caracterización racial.
Un juez federal en Texas anuló la ley a finales de febrero, pero el Tribunal de Apelaciones del 5° Circuito suspendió rápidamente esa decisión, haciendo que el gobierno federal presentara una apelación ante la Corte Suprema.
La mayoría no redactó una opinión detallada sobre el caso, como suele hacerlo en apelaciones de emergencia. Pero la decisión de permitir que la ley entre en vigor produjo disensos de los jueces liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
Dos de los jueces conservadores, Amy Coney Barrett and Brett Kavanaugh, escribieron una opinión simultánea donde indican que el Tribunal de Apelaciones del 5° Circuito podría bloquear nuevamente la medida, y cualquiera de las partes puede recurrir de nuevo a la Corte Suprema una vez que actúe el 5° Circuito.
La batalla sobre la ley migratoria de Texas es una de varias entre la gobernación de Texas y la administración Biden sobre cuán lejos puede ir el estado para patrullar la frontera con México e impedir los cruces ilegales.
Varios gobernadores republicanos han respaldado los esfuerzos del gobernador Abbot, diciendo que el gobierno federal no hace lo suficiente para aplicar las leyes migratorias existentes.
En 2012, la Corte Suprema anuló partes clave de una ley de Arizona que hubiera permitido que la policía arrestara a personas por violaciones a la ley federal de migración. El alto tribunal determinó que el punto muerto en Washington respecto a la reforma migratoria no justificaba la intromisión estatal.
