La transformación de Ecuador en un importante eje para el tráfico de drogas y el consiguiente aumento de la violencia desde hace tres años pesa sobre la nación luego del asesinato de un candidato presidencial que había luchado durante toda su vida contra la delincuencia y la corrupción.
Seis colombianos fueron detenidos el 10 de agosto en relación con el asesinato de Fernando Villavicencio en la víspera en la capital, Quito. No era uno de los favoritos, pero su asesinato a plena luz del día y a menos de dos semanas de unas elecciones presidenciales extraordinarias subrayó la escala del desafío que enfrentará el próximo líder de Ecuador en cualquier intento de frenar a las bandas y cárteles cuya actividad se ha cobrado miles de vidas.
El informe de la detención revisado por The Associated Press mostró que los hombres fueron capturados cuando se escondían en una casa en Quito. Las fuerzas de seguridad, de acuerdo con el reporte, incautaron además cuatro pistolas, un rifle del calibre 5.56 mm, munición y tres granadas, además de un auto y una motocicleta.
El ministro del Interior, Juan Zapata, describió el asesinato como un “crimen político con carácter terrorista” que buscaba sabotear los comicios del 20 de agosto. El informe policial no precisó si los arrestados formaban parte de algún grupo criminal. Pero Zapata, quien confirmó la detención de varios extranjeros sin revelar sus nacionalidades, dijo que los sospechosos estaban vinculados al crimen organizado.
Villavicencio, de 59 años, había reportado amenazadas de miembros del Cártel de Sinaloa, uno de los numerosos grupos internacionales de delincuencia organizada que operan ahora en Ecuador. El político indicó que su campaña representaba una amenaza para estas organizaciones.
“El pueblo ecuatoriano está llorando y Ecuador está herido de muerte”, afirmó Patricio Zuquilanda, asesor de campaña de Villavicencio.
