El periódico estadounidense The Wall Street Journal alertó que, al haber expropiado un tramo de ferrocarril operado por Ferrosur a finales de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador está “ignorando la ley cuando le conviene para sus fines políticos”.
“México tiene un proceso de expropiación para tomar propiedad privada para fines públicos. Pero, en lugar de seguir eso, AMLO usó fuerza mayor. Está cumpliendo los peores temores de sus críticos”, señaló el diario.
Dentro de su editorial publicada este lunes, el medio recordó que la Marina confiscó un tramo de ferrocarril operado por Ferrosur, cerca del golfo de México, una compañía que pertenece a Grupo México, apenas dos días después de que el CEO del grupo, German Larrea, se reuniera con el Presidente.
En este sentido, señaló que López Obrador busca “torcerle el brazo” a los que se niegan a darle lo que quiere, y cuando esto no funciona, “llama al Ejército”.
“En marzo, envió soldados para hacerse cargo de una instalación portuaria de Quintana Roo, propiedad de Vulcan Materials, con sede en Alabama, y cerró sus operaciones de cantera después de que las negociaciones con la compañía sobre su proyecto de Tren Maya no entregaron lo que quería”, señaló el WSJ.
Por otro lado, el diario alertó sobre los peligros a los que se enfrenta el sistema democrático en el país.
“Los riesgos para la democracia mexicana van más allá de los derechos de los inversionistas. La Suprema Corte ha estado haciendo su trabajo para limitar el poder del Ejecutivo y preservar su independencia”, señaló el diario.
Además, lamentó la actitud que ha adoptado el mandatario con respecto a las decisiones que ha tomado el alto tribunal.
“En respuesta, López Obrador denigra a la presidenta de la Corte, Norma Piña, como corrupta y envía a los activistas de su partido Morena al edificio de la Corte para hostigar y amenazar a los jueces”, señaló.
Al respecto, la publicación recordó que después de que la SCJN declarara la inconstitucionalidad del decreto por el que buscaba que sus obras prioritarias fueran declaradas como de seguridad nacional, la respuesta del titular del Ejecutivo fue presentar un nuevo decreto.
