El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) consideró como "alarmante" el nivel de impuridad casi absoluta que hay México y señaló a funcionarios públicos y al crimen organizado como responsables del aumento de desapariciones forzadas.
Este martes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU publicó su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021 y que contiene al menos 85 recomendaciones.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos. Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subrayó.
Añadió que, actualmente la cifra de desaparecidos supera las 98 mil personas. Tan solo durante el tiempo en el que el Comité se encontró en México, ocurrieron otras 112. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se reportaron 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
En el informe, el Comité de la ONU señaló que las desapariciones afectan principalmente a hombres de entre 15 a 40 años, pero les preocupó el notable aumento de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años así como de adolescentes y mujeres: "una tendencia que se agudizó durante la pandemia".
PREOCUPACIÓN POR PERIODÍSTAS ASESINADOS
En el documento que entregó el Comité de la ONU, detalla su preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos y de más de 30 periodistas desparecidos entre 2003 y 2021, puesto que, a ninguno de ellos se les ha podido localizar.
"Es alarmante el nivel de impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional", señala.
Indicó que este problema se le suma la actitud, pasiva michas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público: "lo anterior contribuye a la notable falta de confianza delas víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados".
Por este hecho, el Comité de la ONU recomendó primordial que las autoridades reconozcan formas de responsabilidad del Estado en los casos de desaparición y las tomen a consideración a la hora de diseñar e implementar la política nacional de prevención y erradicación de la desaparición forzada.
"El Comité insta al Estado parte a que erradique todas las causas estructurales de la impunidad. Al efecto, el conjunto de las instituciones del Sistema de administración de justicia debe poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan a la desaparición forzada como el paradigma del crimen perfecto", señaló.
PIDE ABANDONAR ENFOQUE DE MILITARIZACIÓN
Otro punto que se incluye en el informe tiene que ver con el enfoque de militarización que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está implementando en el país, porque están realizando tareas de seguridad pública, lo cual implica un riesgo en materia de derechos humanos.
"Según la información oficial, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada", dijo.
Asimismo, detalló que en 2021, Sedena y la Guardia Nacional se encontraban entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH, y Sedena y la Secretaría de Marina se encontraban entre las 5 autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite .
"La permanente participación de la Fuerza Armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana", detalló.
Por lo anterior, el Comité recalcó que en su visita anterior ya había recomendado abandonar este esquema de militarización en la seguridad pública, puesto que: "la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución. Por lo tanto, el Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública".
CRISIS FORENSE
En el escrito, el Comité señaló que los avances en materia forense se ven oscurecidos por una grave crisis, cuya más cruda demostración son las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega, solo agravan esta situación.
"Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la respuesta a todos estos factores es urgente, tanto para los casos que iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente. Es necesario también romper el ciclo de revictimización: desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados, y hasta expedientes. Con todo ello desaparece la esperanza de justicia. El grito de desesperación de las víctimas es desgarrador y requiere de una intervención inmediata", recomendó.
En este sentido, dijo que en el país se debe tomar como prioritario la adopción de medidas de atención y reparación integral a las víctimas, con enfoque de género y multicultural. Además, se debe tomar en cuenta los impactos agravados en los hijos e hijas de las personas desaparecidas.
RECONOCIMENTO A LAS MADRES BUSCADORAS
"Al concluir nuestra visita, no podemos dejar de destacar y aplaudir el rol fundamental de las mujeres en la lucha contra las desapariciones, que ha sido clave para visibilizarlas a nivel mundial y para lograr los avances normativos e institucionales que se han alcanzado.
Y destacó que hay funcionarios en México que tienen el compromiso y empatía con las familias de las víctimas, así como con las mismas victimas, lo que favorece el impulso de las mismas a continuar con las búsquedas: "Hacemos votos para que su conducta sirva de ejemplo".
Por lo anterior, llamó a todos los funcionarios del país a actuar con la misma responsabilidad y se comprometan con todas las familias que hoy esperan el retorno de un ser querido.
"Ningún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como con recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido para llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones sobre su desaparición", señaló.
Al respecto, las autoridades mexicanas señalaron que esta visita es muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional.
Agregaron que los estados que visitó el Comité de la ONU en su estancia en México fueron: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Además de sostener reuniones con autoridades estatales de alto nivel se reunió con colectivos de víctimas y llevó a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
