El estado de Luisiana se convierte en el primero de Estados Unidos en autorizar la castración quirúrgica como pena para criminales culpables de ciertos delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.
Esta medida fue firmada por el gobernador republicano Jeff Landry, y entrará en vigor el 1 de agosto, por lo que marca un parteaguas en las políticas penales del país.
Esta nueva ley otorga a los jueces la facultad de imponer la castración quirúrgica a individuos declarados culpables de delitos graves como violación, incesto y abuso sexual contra menores de 13 años.
Aunque el castigo no será automático y dependerá de la discreción judicial en cada caso, representa un paso hacia sanciones más severas en el sistema de justicia de Luisiana.
Aunque la pena de castración quirúrgica se utiliza en otros países conocidos por sus sanciones penales más severas —entre ellos la República Checa y Nigeria—, será una novedad en Estados Unidos.
Sus detractores sostienen que se trata de un castigo “cruel e inusual” que infringe la Constitución de Estados Unidos. Dicen que con toda seguridad enfrentará impugnaciones jurídicas.
En Luisiana hay 2 mil 224 personas encarceladas por delitos de este tipo. La ley sólo podrá aplicarse a quienes cometan estos delitos a partir del 1 de agosto de este año.
Varios estados, entre ellos Luisiana, California, Florida y Texas, tienen leyes que permiten la castración química de quienes hayan cometido ciertos delitos sexuales. En algunos de esos estados, los delincuentes pueden optar por el procedimiento quirúrgico si lo prefieren. Pero ningún otro estado les permite a los jueces imponer directamente la castración quirúrgica, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
En Luisiana, que desde hace 16 años permite a los jueces ordenar la castración química de las personas que han sido declaradas culpables de ciertos delitos sexuales contra menores, rara vez se impone ese castigo. Mientras que la castración química utiliza medicamentos que bloquean la producción de testosterona para inhibir el deseo sexual, la castración quirúrgica es un procedimiento mucho más invasivo que implica la extirpación de ambos testículos u ovarios.
Un delincuente que “no se presente o se niegue a someterse” a la castración quirúrgica luego de que un juez ordene el procedimiento podría ser acusado de “incumplimiento” y enfrentar una pena adicional de entre tres y cinco años de prisión, según el texto de la iniciativa de ley.
El proyecto de ley recibió un apoyo abrumador en ambas cámaras de la legislatura estatal, donde los republicanos son mayoría. La senadora estatal demócrata Regina Barrow fue la autora de la propuesta, pero los votos en contra fueron principalmente de legisladores demócratas.
“Estamos hablando de bebés que son violados por alguien”, declaró Barrow durante una reunión de un comité en abril. “Eso es inadmisible”.
