ONU va contra presidente de Nicaragua por delitos de lesa humanidad

Identifican como responsables de estas violaciones al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosa Murillo
Identifican como responsables de estas violaciones al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosa Murillo
En la mira.Identifican como responsables de estas violaciones al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosa Murillo
Especial
AP
2023-03-03 |12:24 Hrs.Actualización12:23 Hrs.

El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua señaló al gobierno de Daniel Ortega de cometer “crímenes de lesa humanidad” desde 2018 y llamó a la comunidad internacional a “actuar de manera oficiosa”, a fin de ejercer una acción penal y juzgar a los responsables.

Las conclusiones del Grupo figuran en un informe presentado el jueves pasado en Ginebra, que recoge “graves violaciones y abusos de los derechos humanos” incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

También constató que el gobierno nicaragüense ha incurrido en actos como la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, una medida aplicada en febrero a 222 opositores excarcelados y deportados a Estados Unidos y a otros 94 disidentes, en su mayoría exiliados.

“El Grupo encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”, resaltó el texto del Grupo conformado por el alemán Jan-Michael Simon, la colombiana Ángela María Buitrago y el chileno Alexandro Álvarez.

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA?

Los expertos identificaron como responsables de estas violaciones al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, además de agentes, funcionarios y diversas estructuras de su gobierno y actores no estatales.

Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018, cuando Ortega reprimió con policías y paramilitares una revuelta social. La acción gubernamental dejó 355 muertos, más de 2 mil heridos y al menos 100 mil exiliados, según organismos de derechos humanos.

El Grupo señaló que trabajó en el caso de Nicaragua en 2022 y aunque envió 11 cartas a las autoridades entre junio y diciembre “no recibió respuesta alguna”. Por el contrario, el gobierno de Ortega envió una comunicación al presidente del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2022 rechazando el mandato del Grupo.

El trabajo consistió en la investigación detallada de 142 casos individuales de violaciones de derechos humanos a partir de más de 160 pruebas documentales confidenciales y reportes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

En rueda de prensa durante la presentación del informe, Buitrago destacó que el Grupo recomendó a la comunidad internacional “ampliar las sanciones” a los funcionarios e instituciones nicaragüenses implicadas en estos delitos e iniciar acciones legales desde la legislación interna de cada país para “ejercer el principio de protección” a partir del derecho internacional.

¿CÓMO SE REPRIME A LOS CIUDADANOS EN NICARAGUA?

Entre los patrones de la represión, el Grupo identificó el uso de armas con alto potencial lesivo por parte de policías y paramilitares contra manifestantes en protestas. “Entre el 70 y 80% de las muertes se produjeron por impactos de proyectil de arma de fuego y la mayoría de ellas por impactos en zonas vitales”, destacó el informe.

También constató que la policía y sus fuerzas de apoyo “actuaron coordinadamente” para cometer 40 ejecuciones extrajudiciales. Entre estos grupos mencionaron a miembros del gobernante Frente Sandinista, de la Juventud Sandinista, exmilitares, empleados públicos y miembros de pandillas reclutados por “personas de confianza de las altas autoridades del gobierno”.

El Grupo refirió que durante las protestas de 2018 por orden de la ministra de Salud “se dio la instrucción a las directivas de centros de salud y hospitales de todo el país de denegar el ingreso y la atención médica” a manifestantes y reportarlos ante la policía.

A su vez destacó que no hay ninguna condena a policías o integrantes de grupos pro-gobierno por las violaciones cometidas y que, por el contrario, “varios altos cargos, presuntamente involucrados en la represión, fueron ascendidos”.

Agregó que las autoridades obstruyeron la investigación de las ejecuciones extrajudiciales porque médicos y policías exigieron a los familiares de las víctimas firmar actas renunciando a denunciar los hechos y solicitar autopsias.