El jefe de Gabinete del Gobierno de Perú, Alberto Otárola, confirmó que la administración de Dina Boluarte desea replicar el plan de las cárceles empleado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
En conferencia, detalló que el titular de Justicia, Eduardo Arana, viajó a El Salvador para evaluar la estrategia penitenciaria.
“Voy a ser muy claro. El ministro ha sido enviado para ver la realidad de la logística carcelaria en ese país, que [...] se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan, sobre todo, los presos más violentos y los más peligrosos”, congratuló el premier al proyecto de Bukele.
“(Arana) también ha ido a tener reuniones conjuntas...acerca de la viabilidad de estas cárceles que pensamos, ojalá, implementar aquí en Perú, porque tenemos una sobrepoblación carcelaria, casi cien mil presos; la mitad de ellos, poco menos, no tiene sentencia. Y nos preocupa mucho los presos por delitos violentos que podrían seguir desde la prisión dirigiendo organizaciones criminales para la extorsión”, remarcó.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde hace dos años ante una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, una medida que produjo la popularidad de Bukele, reelegido para el período 2024-2029, pese a una prohibición constitucional, en unos comicios en los que alcanzó un 84,6 % de respaldo electoral, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
A finales de marzo de 2022, el Congreso decretó este régimen para suspender garantías constitucionales a petición del Ejecutivo y arrancar así la llamada “guerra contra las pandillas”, después de que las maras habían puesto en jaque el Plan Control Territorial con el que Bukele había logrado continuar y acentuar la disminución de los homicidios que venía desde 2016.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad en los penales, incluido muertes de internos bajo custodia del Estado, desde que se instauró este régimen, que suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el de contar con la asistencia de un abogado.
