Fuerzas del ejército y la policía se enfrentaron el viernes con partidarios del expresidente Evo Morales en una ciudad del centro de Bolivia, dejando un saldo de cinco fallecidos y al menos 75 heridos, en un hecho de violencia que intensifica el desafío para el gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez.
CIDH condena uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba #Bolivia que ya resultaron en 5 personas fallecidas e múltiples heridas. Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales (1/6) pic.twitter.com/G6lg5hx0W5
— CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
Este mortal enfrentamiento profundiza aún más la crisis que vive el país andino desde hace tres semanas, generada por protestas contra el presunto fraude en la contienda presidencial del 20 de octubre, que Morales dijo haber ganado. El líder indígena terminó dimitiendo el domingo tras presiones de la policía y el ejército.
En la jornada, miles de manifestantes, en su mayoría cocaleros del Chapare, reducto del exmandatario, buscaban ingresar a la ciudad de Cochabamba para protestar contra Añez y reclamar el regreso de su líder. Los choques comenzaron cuando manifestantes trataron de cruzar un puesto militar de control, donde opositores y seguidores de Morales se enfrentaron durante semanas.
Los cocaleros informaron de al menos cinco fallecidos cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Más tarde el Defensor del Pueblo en esa ciudad, Nelson Cox, confirmó cinco fallecidos por impacto de bala, 26 heridos y 124 detenidos. La policía informó que a muchos detenidos se les decomisó armas y explosivos.
El uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares en #Bolívia atentan gravemente a los estándares jurídicos internacionales. El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica. (4/6) pic.twitter.com/bZ7URAKJ4w
— CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 16, 2019
Después el director del hospital en Sacaba, Guadalberto Lara, dijo a The Associated Press que además de las cinco personas fallecidas, al menos 75 resultaron heridas, en su mayoría de bala.
En La Paz, manifestantes afines a Morales chocaron con la policía que usó gas lacrimógeno para controlar la protesta. Personas mayores y niños quedaron atrapados cuando buscaron refugio en negocios que habían sido cerrados detrás de láminas de metal para protegerse de saqueadores.
Poco antes, Áñez denunció un supuesto “plan subversivo del régimen saliente que intenta destruir el Estado”. Según la autoproclamada mandataria interina, el blanco son instalaciones petroleras”.
El ministro de Gobierno anunció la supuesta participación de extranjeros. Nueve venezolanos fueron detenidos con armas cerca de la frontera con Brasil, dijo en rueda de prensa.
Áñez advirtió que si el exmandatario regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral, mientras el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones.
Morales “puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral. Nadie lo echó, se fue solo”, dijo la mandataria en una reunión con corresponsales.
Morales renunció el domingo por la presión de la policía y el ejército tras las protestas en todo el país por un supuesto fraude en los comicios de octubre. Una auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) halló irregularidades generalizadas en las elecciones.
En la mañada del viernes, Áñez reconoció que hay aproximaciones con legisladores del Movimiento Al socialismo (MAS), el partido de Morales, que controla casi dos tercios de la Asamblea Legislativa, para encaminar la agenda legislativa, pacificar el país y convocar nuevas elecciones.
De la mediación participan la Conferencia Episcopal de Bolivia, la Unión Europea y Jean Arnault, el enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, que era esperado el viernes en La Paz.
Todas las partes marcaron como prioritaria la restauración de la paz en un país convulsionado desde los comicios y donde más de 10 personas han muerto --sin contar el reporte de al menos cinco víctimas más el viernes-- en las protestas que, en un primer momento, estuvieron impulsadas por opositores y líderes cívicos contra del fraude.
En La Paz algunas gasolineras se quedaron sin suministro por los bloqueos de carreteras en la cercana ciudad de El Alto, un bastión de Morales e importante punto de distribución de combustible.
