Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó invalidar las reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112, de la Constitución de Baja California, que permitió a Jaime Bonilla, gobernador de la entidad, ampliar su mandato de 2 a 5 años.
En sesión remota, los ministros concluyeron que la modificación a la Constitución de la entidad viola los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, aseguró que lo que hizo el congreso de Baja California es a "todas luces un fraude a la Constitución".
"Con el pretexto de usar su poder reformador de la constitución y su competencia, la legislatura fraguó en realidad un fraude a la Constitución, esto no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico".
Zaldívar aseguró que se llevó a cabo una maquinación para doblar la voluntad popular, usando las herramientas de la democracia, para minar la democracia, corrompiendo el principio democrático.
"Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa, y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por 2 años ejercería por 5".
Además, los ministros acordaron que en ningún momento se violan los derechos políticos del gobernador, pues fue electo de manera popular por un periodo de 2 años.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
En su participación, la ministra Norma Piña, aseguró que lo hecho en el congreso bajacaliforniano es un abuso de poder que implica una seria amenaza para la vida democrática del país.
