El pasado lunes 30, Claudia Sheinbaum habló, durante la última “Mañanera del Pueblo” del año, sobre un tema que ha venido perfilando desde la elección: su reforma electoral. Hasta donde sabemos la iniciativa, que será presentada en los próximos meses, incluye la prohibición a la reelección inmediata de personas legisladoras y autoridades municipales, la prohibición a que familiares cercanos ocupen cargos de elección popular tras el mandato de un titular en funciones, reforma al sistema de representación proporcional y la conformación de municipios y ayuntamientos.
Por lo que se puede desprender de esa y otras declaraciones, todo indica que alguien está mal aconsejando a la presidenta, pues las propuestas no solo mejoran la democracia, sino que podrían arrojar resultados adversos. Veamos algunas de las que tenemos conocimiento.
NO REELECCIÓN
A lo largo de varias décadas, el PRI convirtió la no reelección en una frase tabú, hecha para cortar cualquier cuestionamiento sobre la legitimidad de su régimen. Sin embargo, ese principio era la piedra angular de su sistema de dominación: si nadie puede desarrollar sus propias bases de apoyo, entonces dependían de la persona que determinaba las candidaturas: el presidente de la República.
¿Fue un logro de la revolución? En realidad, no: aunque estaba permitida en todas las constituciones desde 1824 y especialmente la de 1917, la reforma se hizo en 1933, para que el Partido Nacional Revolucionario pudiera consolidarse al eliminar facciones internas. En 1934, Lázaro Cárdenas construyó este mecanismo en un instrumento de control político.
Aunque el PRI fue perdiendo posiciones, a todos los partidos les convenía este sistema, pues les convenía para mantener control sobre sus institutos, junto con el acceso al financiamiento público. Resultado: partidos con poco arraigo y controlados por personas cuyo único mérito son esos mecanismos. Incluso, pareciera que los liderazgos del PRI y el PAN están dispuestos a dejar morir a sus franquicias, mientras mantengan esos controles.
No fue sino hasta 2013, en el marco de las negociaciones en torno al Pacto por México, cuando la presión de organizaciones de la sociedad civil hizo que se nos restituyera a la gente el derecho político de evaluar a quienes nos representan a partir de su desempeño. Cierto: hay que hacer adecuaciones legales para que funcione mejor la reforma, pero tienen que ver fundamentalmente con la democratización interna de los partidos.
Como las demás propuestas, la apuesta de la iniciativa es consolidar a Morena como una maquinaria política hegemónica, cortando los vínculos de responsabilidad hacia la gente que se habían estado construyendo. Como efectos laterales, la no reelección en órganos legislativos y gobiernos locales volvería a fomentar el eterno amateurismo en estas instituciones, gracias a la rotación obligatoria.
Además, la propuesta tiene un error de cálculo: esto le funcionaba al PRI, porque era una maquinaria corporativista, con reglas internas escritas y no escritas, donde había una aceptación sobre el reparto del poder a través de la rotación. Al contrario, si Morena es una colección de grupos, quien decida las candidaturas sería un liderazgo o coalición de liderazgos que tenga coyunturalmente el control mayoritario de esa maquinaria – y podría no ser la presidenta Sheinbaum en 2027.
Por último, desempoderar a la gente, quitándole derechos políticos, reduciría el discurso de la presidenta sobre libertades y derechos a mera simulación. Queda pendiente saber si la no reelección es absoluta para un cargo, o si sería de manera no consecutiva, como en los años del PRI.
SISTEMA ELECTORAL
Por lo que se sabe, la propuesta implicaría dar asientos a los segundos lugares en distritos electorales para la Cámara de Diputados. Sin necesidad de tener una proyección con base en los resultados de 2024, la propuesta premiaría a partidos con bases y expectativas de victoria, en lugar de dar asientos a minorías, como es el objetivo de un sistema mixto, donde tienen asientos opciones que rebasen el umbral mínimo de 3% en nuestro caso.
Además, habría otros problemas que no se están previendo, y que se pueden adelantar con una simple lectora de las reglas electorales vigentes:
Primero: si hay un partido con gran arraigo en un distrito, bastaría que el segundo lugar tenga bases de alrededor de 10% a 20% de la votación para tener un asiento, generando oposiciones aún menos competitivas y dominadas por cacicazgos locales.
Segundo: en algunos distritos, podrían el PVEM y PT competir por su cuenta, calculando tener el segundo lugar. De esa forma, podrían incluso ganar la mayoría calificada con facilidad.
REFORMA CONTRA EL NEPOTISMO
El objetivo de la propuesta es prohibir que familiares cercanos como cónyuges, hijos, hermanos o primos, ocupen cargos de elección popular tras el mandato de un titular en funciones. Esto incluye puestos como presidentes municipales, gobernadores o incluso la presidencia. En opinión de la Dra. Sheinbaum, eso es nepotismo disfrazado.
Para poder analizar la propuesta, una definición: se entiende por nepotismo el uso de un cargo, ya sea en el sector público o en la empresa privada, para nombrar a familiares o amigos para determinados empleos o darles otros favores, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza.
Por lo tanto, el problema del nepotismo no se reduce a la asignación de candidaturas, sino a la capacidad de diversas personas en cargos de poder, sean o no de elección popular, para acomodar a parentelas, lealtades o querencias, sea o no a través de otorgarles cargos de elección popular. Esto es, la reforma planteada es incompleta.
¿Cómo se combatiría mejor el nepotismo? Se pueden discutir reformas como fomentar la competitividad al interior de los partidos y sus procesos de selección de candidaturas, diseñar sistemas eficaces y transparentes de servicio civil de carrera y, sobre todo, apoyar a una prensa lo más libre posible, que pueda detonar escándalos a través de publicar lo que no le gustaría a nuestra clase política.
Hay otro problema: si esto se acompaña de la no reelección, entonces quienes acceden a cargos públicos tendrían mayor interés en repartir posiciones de manera patrimonialista, sabiendo que quienes les sucedan harán lo mismo. Eso llevaría a un sistema mucho más nepotista e irresponsable. Además, si no hay reglas internas sobre rotación de poder en Morena, la lucha por candidaturas sería más encarnizada y podría abrir innecesariamente los frentes de lucha entre facciones.
En realidad, las reformas electorales que urgen no las van a plantear ni Morena ni la oposición, pues nadie habla sobre afectar sus intereses. Eso será tarea de la ciudadanía y nuestra capacidad para, desde ya, poner los puntos sobre las íes.