Aunque hay definiciones encontradas sobre lo que deberíamos entender por “democracia”, vamos a juzgar al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum según las decisiones que tome para generar condiciones de gobernabilidad.
Vayamos por partes: durante los años de la llamada transición, se presentaba a la democracia como un mecanismo que protegía los derechos de las minorías, al exigir supermayorías en algunas decisiones. Esto es, a grandes rasgos, lo que se conoce como la democracia liberal. Por otra parte, tanto el gobierno saliente como el entrante usan una visión de la democracia donde las mayorías imponen su decisión sobre las minorías. Todavía peor: tan ineficaz fue la oposición en la elección pasada que ni siquiera alcanza a ser punto de veto para la supermayoría en la Cámara de Diputados.
A estas dos visiones sobre la democracia, podemos agregar que ningún régimen autoritario o totalitario se definirá como tal, sino como auténticamente democrático. Sin embargo, podremos distinguir las decisiones de Claudia Sheinbaum como democráticas o autoritarias según un criterio básico: ¿apuestan a la ampliación de los derechos y libertades de la gente, o buscan limitarlas?
Lamentablemente la presidenta electa no pasa ese criterio, si vemos que entre sus prioridades se encuentra el quitarnos un derecho político ganado hace diez años: la capacidad de la ciudadanía para premiar o castigar a las personas legisladoras y autoridades municipales a partir del desempeño. Esto es, la posibilidad de reelección inmediata para estos cargos.
Para justificar su decisión, la Dra. Sheinbaum hace referencia a que la no reelección era un logro de la revolución. Sin embargo, eso no era un tema de discusión en 1910, toda vez que el objetivo era evitar la reelección de presidentes y gobernadores: este principio quedó redactado desde la Constitución de 1917.
¿Cuándo se aprobó la prohibición a la reelección inmediata de cargos legislativos y municipales? En 1933 se adoptó esta decisión, para cohesionar al Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Es decir, si nadie tenía bases propias, entonces había un agente que centraría todas las lealtades, pues definiría quiénes competirían para los distintos cargos: el presidente. Al ser uno de los pilares de la dominación del tricolor por décadas, era natural que se convirtiese en un tema tabú.
Tras muchas presiones, la posibilidad de reelección inmediata de personas legisladoras y autoridades municipales se aprobó en 2014, operando a nivel federal para 2021 en el caso de la Cámara de Diputados y en 2024 en el Senado. ¿La reforma era perfectible? Desde luego: se le arrancó este derecho político a los partidos y éstos iban a hacer todo lo posible para atenuar sus efectos, toda vez que perderían gradualmente el control sobre los procesos de designación de candidaturas. Una reforma más completa significaría darse un balazo en el pie, y la única persona que he visto hacer eso de manera voluntaria es Kevin Spacey en la comedia Horrible Bosses.
En todo caso, el esfuerzo ciudadano debería centrarse en cómo plantear reformas que hagan más efectiva la rendición de cuentas, sobre todo si estamos todavía en las primeras rondas de aplicación. A final de cuentas, el sistema de derechos y libertades que tenemos hoy es resultado de siglos de lucha contra el poder: así seguirá siendo con temas como éste.
¿Ha servido la reelección? Con todas sus limitaciones, hemos visto que la posibilidad de competir para el mismo cargo no es garantía de triunfo, como se nos hacía creer durante los años de gloria del PRI. Además, la posibilidad de continuidad ha contribuido a fortalecer al Congreso en temas como la restauración de un servicio parlamentario profesional, que requiere de la permanencia no solo del personal de asesores, sino también de un grupo de legisladores que den seguimiento a un acuerdo legislatura tras legislatura.
Si prospera esta propuesta de Claudia Sheinbaum, de inmediato se restauran los controles que tenía el PRI para afianzar su hegemonía, al haber una persona hacia quien se orientarán todas las lealtades a través de su poder de nominación sobre las candidaturas. Es decir, ahora sí Morena tendría todas las condiciones para convertirse en el nuevo tricolor.
Además, al perderse la continuidad al inicio de cada legislatura o gobierno municipal, se perdería todo el trabajo que se ha hecho para fortalecer a los órganos legislativos y gobiernos locales, debilitándolos significativamente. Sobre todo, la gente perdería un derecho político ganado después de años de luchas.
¿Qué hacer? De entrada, darnos cuenta que ningún arreglo institucional es perfecto, y que requiere de nuestra vigilancia y capacidades críticas para su mejora, a pesar de quienes ocupan los cargos públicos. Como ciudadanía, damos contenido a la democracia: son nuestros derechos y es nuestra responsabilidad. Abramos más este debate antes de que ahora sí volvamos al siglo pasado.
