El pasado martes, el gobierno de Javier Milei ordenó la prohibición del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. De esa forma, ya no se podrá usar la letra “e”, la arroba, la “”x” y se evitará lo que se considera la innecesaria utilización del femenino en todos los documentos.
La declaración va más allá: se rechazó el planteamiento de que el lenguaje inclusivo contemple a todos los sectores, pues según el gobierno, el castellano cumple con esa función. Además, se considera que las perspectivas de género se han utilizado como negocio para la política, razón por la que su discusión no tiene cabida en el gobierno de Javier Milei.
Más allá de filias y fobias, la discusión sobre el lenguaje incluyente es parte de la lucha entre izquierda y derecha. Sin embargo, ambos extremos omiten o parece que ignoran el verdadero fondo del asunto: hablar es en sí un acto político, y a través de las expresiones que usamos definimos a nuestro entorno y las relaciones entre las personas. Por lo tanto, el verdadero reto no es prohibir un cambio lingüístico, sino cómo vamos a definir nuevos equilibrios a través de repensar el habla.
El primer paso para llegar a ese punto es abandonar dogmatismos. ¿Cómo se transforman los lenguajes? Hablamos de la combinación de dos factores, teniendo cada uno mayor o menor peso según las circunstancias: el habla común y la forma que se transforma en el uso cotidiano y la planificación lingüística como política del Estado.
El primer factor requiere poca explicación: usamos y abandonamos expresiones coloquiales por muchas razones como modas, neologismos o jergas. Incluso transformamos la manera en la que pronunciamos palabras, incorporamos otras o incluso dejamos algunas más en el desuso.
Al contrario, poco se habla del segundo factor: los esfuerzos premeditados de un Estado para normar el uso correcto o incorrecto del lenguaje, para construir una noción de identidad colectiva que legitime a un régimen. Ejemplos de ello son la creación de academias de la lengua, o la adopción de un idioma oficial sea preexistente o creado. Incluso el empobrecimiento premeditado de una lengua se llega a convertir en una herramienta de dominación.
Demos un paso más adelante en esta dirección: una de las grandes habilidades de nuestro presidente es implantar percepciones a partir del lenguaje. ¿O acaso no comenzamos a usar términos como “frijol con gorgojo”, “fifís”, “machucones” o muchos otros, sea por sorna o adhesión política? De esa forma, acabamos pensando o adoptando estereotipos según sus deseos e intereses.
Con lo anterior, se puede apreciar que el habla es un acto político por excelencia, donde las jergas, expresiones coloquiales e incluso modismos. De ser así, ¿qué tan inteligente es prohibir de un plumazo y a través de una posición dogmática como considerar a las academias de le lengua como autoridades finales en materia lingüística? En realidad, muy poco.
¿Qué hacer? Más allá de cargar el uso del lenguaje de una facción a toda la sociedad, tendrán que venir nuevos equilibrios, los cuales también se alcanzarán asumiendo la carga política del lenguaje. Por ejemplo, nuestro idioma puede muy bien admitir expresiones incluyentes, como usar el “persona” en lugar de “e”, arrobas o “x”. Es decir, hay mucho que decirnos sobre la forma en que nos vamos a dirigir a las demás personas en una comunidad, que sea lo más ajeno a posturas políticas extremas.
