De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, en México habitan 7.7 millones de personas de cinco o más años, con algún tipo de discapacidad.
El estudio realizado por el INEGI con datos de 2018, cita que de cada 100 personas con discapacidad, 51 son adultos mayores de 60 años o más, mientras que aquellos que cuentan con 15 años en adelante, representan el 38.5% de la población económicamente activa.
Rampas exteriores, lugares exclusivos de estacionamiento en inmuebles, señalética para personas con debilidad visual, elevadores en el transporte público y escaleras eléctricas, son solo un par de ejemplos de infraestructura para grupos vulnerables que se han promocionado en los últimos años.
Cuando la infraestructura no es la adecuada, las ciudades se vuelven excluyentes, es decir, solo son funcionales para cierto sector de la población ¿Cuántas veces hemos observado en la calle a una persona en silla de ruedas tratando de descender de la banqueta sin que ésta se lo permita?
Hay que recordar que en la pirámide de la movilidad el peatón ocupa el primer escalafón de importancia, sin embargo ¿Qué ocurre si solo se considera al peatón como un ente con una condición específica y se deja de lado la necesidad que tienen 7.7 millones de personas con capacidades diferentes?
Hoy la tecnología aplicada en el internet de las cosas ha permitido a las personas realizar actividades de la vida cotidiana de manera más sencilla. Las urbes cambian y se vuelven cada vez más demandantes, se encuentran en constante cambio y por ello no pueden ser iguales. Actualmente 55% de las personas en el mundo vive en ciudades, sin embargo la Organización de las Naciones Unidas refiere que la proporción aumentará un 13% hacia 2050 con una concentración de 68%.
Es hora de planear ciudades más amigables, en donde personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o aquellas con capacidades diferentes, puedan gozar el derecho universal que nos da la movilidad sin importar condiciones.
Se trata de ciudades que sean caminables para todos y funcionalmente habitables, una tarea que debe ser compartida con una mezcla de ciudadanía, gobierno y la IP para el bien común, este concepto lo proponen las llamadas Smart City, urbes en las que la tecnología y la innovación confluyen para generar ciudades más creativas y sustentables, con equidad y sin discriminación.
El anuncio del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura signado recientemente entre la IP y el Gobierno Federal, es una excelente oportunidad para planear justo esas ciudades con igualdad. Se prevé invertir 431,000 millones de pesos en 72 proyectos durante este 2020, en 2021 y 2022 se prospectan 41 proyectos y una inversión de 256,000 millones de pesos y en 2023 y 2024, 34 proyectos y recursos por 172,000 millones de pesos.
Es hora de revolucionar las urbes al igual como la tecnología. Es hora de planear Ciudades con equidad sin distingos de condiciones.
